EE.UU. bloquea la nueva sede de la OTAN como represalia por una ley belga

Bélgica amaneció ayer, viernes, entre expectante y consternada por la decisión norteamericana, comunicada la víspera por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, de bloquear la atribución de fondos para la construcción de una nueva sede para la Alianza Atlántica en Bruselas, a causa de una ley belga que permite procesar a responsables políticos y militares extranjeros por crímenes de guerra, de genocidio o contra la humanidad, independientemente de dónde hayan sido cometidos estos. Estados Unidos entiende, y así lo dijo Rumsfeld, que la ley en cuestión menoscaba las garantías de aliados de Bélgica que viajan a este país para desempeñar sus cometidos, en las instituciones internacionales que en él encuentran asiento. Las autoridades belgas, empezando por el ministro de Defensa en funciones, André Flahaut, replicaron ayer juzgando como salidas de tono las declaraciones de Rumsfeld. A su entender, los cambios introducidos en la polémica ley de Competencia Universal este año, mediante los que se limitan los procedimientos de aplicación, deberían ser suficientes para aplacar las suspicacias norteamericanas. Posible enmienda Tras las enmiendas aprobadas el pasado mes de marzo a esta ley, que data de 1993 y que ya fue enmendada una primera vez en 1999, las víctimas de crímenes contra la humanidad que no han sido cometidos en Bélgica deben, si carecen de la nacionalidad belga, haber residido en el país al menos tres años para poder presentar recurso. Si esos requisitos se cumplen, y la demanda es interpuesta, es el fiscal el que entra a valorar si Bélgica es el lugar apropiado para tratar el asunto. Aunque el ministro Flahaut no descartaba introducir nuevos cambios en la ley, aunque advertía que el asunto no podrá ser abordado hasta que Bélgica cuente con un nuevo Gobierno federal, actualmente en negociación entre liberales y socialistas. A nivel estrictamente judicial, la mayor parte de los recursos introducidos en lo que el Gobierno belga entendió en su día que serían situaciones de abuso de ley, deberían verse solventados mediante su reenvío al Tribunal Penal Internacional o a los países que los tribunales entendieran competentes para juzgar los casos en cuestión.