Una?declaración?de?principios?(nada más)

El ex jefe de Estado de Francia, Valery Giscard d'Estaing, de 77 años de edad, compareció ayer sonriente. No era para menos. La aceptación por amplia mayoría del texto es un éxito casi personal del francés. 1 ¿Qué valor legislativo tiene? No todo han sido glorias. El asunto abre heridas y ahonda discrepancias. En román paladino, las diferencias son tantas y algunas tan radicales que requerirá cambios. Algunos, quizá, sustanciales. No hay que echar las campanas al vuelo. El «éxito» de ayer es más simbólico y mediático que real. 2 ¿Qué leyes y constituciones nacionales cambian? Muy pocos. Nada sustancial deberá ser corregido o reformado en las legislaciones ni en las cartas magnas de los países socios. Otra cosa es el impacto que la constitución tendrá en tres aspectos: las alianzas entre países socios y terceros, los retos de la globalización económica y todo lo relacionado con Justicia y policía. La Constitución tendrá efectos profundos, pues afectará a la regulación de los permisos de residencia y a las ciudadanías, a la caída de las fronteras para perseguir y condenar a los reos de delitos y contribuirá a combatir la violencia organizada y trasnacional de los terroristas. 3 ¿Servirá para unificará valores sociales y éticos? Este aspecto es, quizá, el más controvertido y el que más influencia tendrá a medio plazo. La inclusión o no del vocablo cristianismo ha dado pie a horas de debate en el seno de la Convención. Pero lo que se ha dado en llamar la moral judeo-cristiana, que es mayoritaria en Europa, queda reflejada. 4 ¿Favorece una política exterior común? La futura constitución es, sin duda, el primera paso cierto que se da para crear una política exterior común. La parcial supresión de la unanimidad para tomar decisiones favorecerá sin ambages la práctica totalidad de los aspectos económicos (excepto la fiscalidad) y la mayoría de los sociales pero hay asuntos -en especial, todos los relacionados con lo militar- que seguirán siendo tabú. 5 ¿Por qué se le da tanta importancia al sistema de votación? La futura constitución europea, a pesar de las intenciones de Giscard y de los más forofos europeístas, no es tal sino que se trata de una declaración de principios y es, sobre todo, la plasmación de una incipiente voluntad política. Motivo por el que los procesos para la toma de decisiones -las que sí son vinculantes legalmente- constituyen el meollo y, en puridad, la llave que hace posible la construcción de una casa común. Esas decisiones de obligado cumplimiento son las que obligan a ceder competencias a Bruselas y, con ello, pierden poder los gobiernos estatales y los dirigentes sociales, económicos e institucionales de cada país socio. Lógico pues que el sistema de voto desate tantas y a veces tan amargas polémicas. Un asunto espinoso aún sin resolver y que los socios deberán resolver. 6 ¿Qué puede hacer el Gobierno español para paliar inconvenientes? El Ejecutivo español afronta dos retos. Por un lado, en lo económico, intenta conjugar la creciente trasnacionalidad de la economía con una España que todavía adolece de insuficiencias en dos ámbitos que en Europa son fundamentales, la productividad y el poderío financiero. Y en segundo lugar, el gabinete de José María Aznar trata de impedir la posibilidad de que la construcción europea se realice a dos velocidades. La creación de un núcleo duro perjudicaría a España. El Gobierno está en una posición difícil, en lo que influye su decidida inclinación pro estadounidense. Los aliados naturales de España en política económica (Alemania y Francia, que son los países que más compran y más venden en o a España) mantienen tesis bien distintas de las de Aznar. Curiosamente, los mejores aliados de España en esa batalla son la euroescéptica Gran Bretaña, la políticamente inestable y voluble Italia y algunos de los nuevos socios, con Polonia a la cabeza, cuya influencia en Bruselas es mínima.