Trillo afirma que los soldados en Irak harán uso de «la fuerza letal»

El ministro de Defensa explicó que las tropas españolas enviadas a Irak podrán defender «con el empleo mínimo de la fuerza, incluyendo la letal», pero siempre con «proporcionalidad», si sufren una agresión. Federico Trillo defendió la decisión de trasladar un contingente militar para contribuir a «la seguridad y estabilidad» del país, una medida legitimada por la resolución 1.483 de Naciones Unidas. Socios y oposición rechazaron esta visión y negaron que se trate de una misión de paz, sino de una acción de «fuerza ocupante» con un alto riesgo de que se produzcan víctimas mortales. Trillo volvió a catar en la Comisión de Defensa del Congreso la soledad del Gobierno cuando de Irak se trata. Con la lógica excepción de los 'populares', el ministro recibió críticas de todos los portavoces con un denominador común: el desprecio de Estados Unidos a la colaboración española en la guerra y la postguerra. El titular de Defensa utilizó una prolija batería de argumentos jurídicos para defender que el envío de la Brigada Plus Ultra no convierte a España en «una potencia ocupante» y que la decisión de mandar un contingente cuenta con «el beneplácito» y «la legitimidad» de la resolución de la ONU. Volvió a detallar las unidades que forman parte de la misión con su calendario de despliegue y ratificó que van a una zona «sin incidentes serios» y «relativamente segura», aunque hay bandas organizadas que se dedican al saqueo. Trillo explicó que entre las «reglas de enfrentamiento» de los soldados figuran el «empleo mínimo de la fuerza, que debe entender como aquélla que, incluyendo la letal, se limita en su nivel y proporcionalidad así como en su duración e intensidad» porque el objetivo «no es la confrontación». Explicó que el contingente no instalará minas antipersonal porque España firmó el acuerdo de Ottawa que impide su empleo. El ministro señaló que los soldados tienen órdenes de respetar «las costumbres locales» de la población, en su mayoría chií, «especialmente las religiosas». Los portavoces del resto de los grupos centraron sus intervenciones en negar la legalidad de la operación. El socialista Manuel Marín advirtió, de entrada, que una vez roto el consenso en política exterior, esta decisión gubernamental puede conducir a que se quiebre también el consenso en política de seguridad. Negó que se trate de una misión de «mantenimiento de la paz» sino de la de «una fuerza ocupante» e instó al ministro a que no oculte estos hechos porque «no hay nada vergonzoso» en admitirlo y debe «hablar claro» y preguntó por qué acepta «la soberbia» del mando estadounidense.