Miles de personas siguieron en las calles el debate que acabó con la amnistía de los represores
Júbilo en Argentina tras anular el Parlamento las leyes de impunidad
El país inicia ahora el camino para poder juzgar a los criminales de la dictadura
? Tras ocho horas de debate y con una multitud siguiendo las deliberaciones fuera del edificio, la Cámara de Diputados de Argentina anuló ayer las controvertidas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, votadas hace 17 años bajo presión militar por el propio Congreso. En una votación a mano alzada, los legisladores procuraron enmendar así la impunidad que esas normas garantizaron durante todos estos años a cerca de 4.000 uniformados que participaron de la represión ilegal durante la dictadura militar (1976-83). Asimismo, la Cámara aprobó un proyecto enviado la víspera por el poder ejecutivo para otorgar rango constitucional a la adhesión a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que obliga a los adherentes a adecuar su legislación a fin de asegurar que sean removidos todos los obstáculos para castigar a quienes cometieran esos graves delitos. Argentina había firmado su incorporación al tratado en 1970, pero faltaba la ratificación parlamentaria para que su normativa entrara en vigor. Las dos históricas medidas, celebradas con júbilo por organismos de defensa de los derechos humanos, deberán ser sometidas ahora a la aprobación del Senado, cuyos integrantes se comprometieron a tratarlas «sin dilaciones» el miércoles proximo. Los legisladores anticiparon que habrá consenso para aprobar la vigencia de la convención, pero advirtieron que habrá dificultades para que se sancione la nulidad de las leyes de amnistía, debido a que numerosos senadores dudan de la efectividad de la anulación. Los expertos Constitucionalistas y juristas consideran que la nulidad de las leyes no abre las puertas a la celebración inmediata de juicios a militares represores y hay incluso quienes creen que es una nueva usurpación del poder judicial por parte del legislativo. Sin embargo, casi ninguno duda de que se trata de una poderosa señal política para futuros fallos judiciales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente declarar la eventual inconstitucionalidad de las leyes en una causa en la que jueces de primera y segunda instancia ya se pronunciaron por su invalidez. Algunos juristas creen que, así como cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el máximo tribunal las avaló inmediatamente -presionado por el mismo poder militar-, también ahora la Corte podría fallar en línea con la demanda del Congreso. La votación del proyecto de nulidad encontró eco favorable después de la petición de extradición cursada por el juez Baltasar Garzon para que 45 militares y un civil argentinos fueran juzgados en España.