Argentina: punto final al «punto final»

? Tras un debate de mas de diez horas, el Senado de Argentina aprobó ayer la nulidad de las leyes de «punto final» y «obediencia debida» que desde hacía 17 años garantizaban la impunidad de militares que participaron de la represión clandestina durante la última dictadura militar (1976-83). La anulación había sido ya aprobada por la cámara de diputados. Pero con la sanción de la Cámara Alta se completó un fuerte gesto político del Parlamento para allanar el camino de la justicia en los procesos contra militares que violaron los derechos humanos. Con 43 votos a favor, siete en contra y una abstención, los senadores suprimieron las normas que el propio Parlamento había aprobado en 1986 y 1987 bajo presión militar. «Había que eliminar el fantasma de la extradición», reconoció el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto aludiendo así a la petición de extradición de 44 militares que hizo el juez Baltasar Garzón en julio para su procesamiento en España. El presidente Néstor Kirchner había aceptado derogar un decreto que impedía la extradición de militares argentinos, pero al mismo tiempo se había manifestado a favor de suprimir las trabas que impedían que los uniformados sean juzgados en su país. Para ello, pidió a los legisladores que anulen las leyes de amnistía, y les envió un proyecto para que el país adhiera a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad que también fue aprobado en el Senado. La anulación de las leyes de amnistía no implica la reapertura automática de los juicios, pero representa un gesto a favor del procesamiento en Argentina y elimina obstáculos legales a los que apelaban los militares en los estrados judiciales. Los juristas consideran que la última palabra en cada caso sigue estando del lado de la justicia. De hecho, las controvertidas leyes habían sido siempre consideradas como una intolerable intromisión del poder legislativo sobre el judicial. Los organismos de derechos humanos, que celebraron la sanción en las calles frente a la sede del Congreso, aguardan ahora que la Corte Suprema de Justicia avale estos pronunciamientos y emita un fallo que declare la inconstitucionalidad de las leyes en las que se ampararon los militares para cometer delitos de lesa humanidad. El alto tribunal podría fallar en septiembre en una causa en la que un juez declaró la inconstitucionalidad de las leyes. Sara Steimberg, madre de un desaparecido, manifestó su emoción por una sanción largamente esperada. En 1995, un militar arrepentido, el ex sargento Víctor Ibáñez, admitió por televisión haber arrojado al mar a prisioneros. Entre ellos estaba estaba Luis Steimberg, de 22 años. Ibáñez goza hasta ahora de impunidad gracias a las leyes de amnistía que ayer fueron anuladas por el Congreso. Es el fin de una larga pesadilla.