El Gobierno español no solicitará la extradición de los militares argentinos

El Gobierno español decidió ayer viernes no solicitar a Argentina la extradición de los 40 militares de la dictadura acusados por Baltasar Garzón de genocidio hasta que las autoridades de ese país le confirmen si los presuntos torturadores van a ser juzgados por sus propios tribunales. Fuentes jurídicas señalaron que, en el caso de que Argentina no abra procedimientos contra los altos mandos, el Ejecutivo español se replantearía la posibilidad de reclamar su extradición, para que sean juzgados en la Audiencia Nacional. El Consejo de Ministros, en el mismo escrito que comunica a la autoridades argentinas la interrupción del procedimiento de extradición iniciado por Garzón, les solicita que, hasta que la Corte Suprema suramericana dictamine si ratifica la anulación de las leyes de impunidad para los crímenes de la dictadura, acordada en agosto por el Congreso y el Senado, sería conveniente que se mantenga la situación de arresto de los 40 militares, para asegurar que continúan a «disposición efectiva de la justicia». Canicoba decide No obstante, está decisión está en manos del juez bonaerense Rodolfo Canicoba, que es el magistrado que acordó los encarcelamientos, en ejecución de la orden internacional de busca y captura contra ellos emitida por Garzón. En principio, Canicoba, según la ley, debería dejar en libertad a los arrestados si en el plazo de 40 días desde su detención, España no reclama la extradición, cosa que ocurrirá el próximo día 2 de septiembre. Sin embargo, varios de los abogados de la acusación popular -víctimas de la dictadura- personados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional indicaron que el tratado de extradición entre España y Argentina deja en manos del juez la posibilidad de prorrogar la situación de prisión de los reclamados, aunque no reciba en ese plazo la demanda de entrega judicial. Garzón considera que los 40 militares detenidos y otros tres miembros de la lista en paradero desconocido son los presuntos responsables de al menos 10.283 secuestros -600 de ciudadanos españoles o descendientes-, 159 asesinatos -seis de españoles-, miles de torturas, y del robo de 102 bebés -cinco españoles-. Entre los altos mandos para los que se pedía la entrega a España se encuentran todos los máximos responsables vivos de las distintas juntas militares de la dictadura, como Rafael Videla, Eduardo Massera, Domingo Rubens, Armando Lambruschino, Jorge Anaya y Basilio Lami.