Aprobada una ley para evitar el secuestro de hijos entre padres divorciados

Los países de la UE deberán reconocer desde el 1 de marzo del 2005 las decisiones judiciales de otros Estados miembros sobre responsabilidad parental y divorcio tanto si existe matrimonio como si se trata de parejas de hecho, con lo que se quiere evitar el secuestro de menores por parte los progenitores. El Consejo de Ministros de Justicia de la UE alcanzó ayer, viernes, un consenso final sobre este reglamento, que se negocia desde hace más de tres años y para el que ya existía un acuerdo de principios a falta de establecer la fecha de su entrada en vigor. La nueva regulación tiene disposiciones concretas para los casos de secuestros de menores tras el divorcio de sus padres e impone «estrictas obligaciones» a los Estados para asegurar el regreso de los niños, dentro del territorio de la UE. Regreso al país de origen De esta forma se reforzará la protección de los menores cuando se produzca una separación de los padres ya que el reglamento refuerza las leyes internacionales y obliga a garantizar el regreso del menor a su país de residencia habitual. Además, el tribunal que decida que un menor no debe regresar tendrá que transferir el caso a una corte competente del Estado miembro en el que el niño vivía antes de ser secuestrado. La decisión final sobre el regreso del niño deberá ser reconocida por el otro Estado miembro de forma automática y sin ningún procedimiento intermedio. El reglamento refuerza el derecho del niño a mantener contacto con sus padres y con los miembros de su familia que vivan en otros Estados miembros. También establece un sistema de autoridades centrales que cooperarán para proporcionar información sobre las legislaciones nacionales para asistir a los padres en sus obligaciones parentales El reglamento insta a la celebración de acuerdos entre las partes fuera de los tribunales, mediante el uso de una mediación. El ministro italiano de Justicia, Roberto Castelli, explicó en rueda de prensa, en nombre de la presidencia italiana de turno de la UE, que el problema se da en los casos, cada vez más frecuentes, de matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades tanto de Estados miembros de la UE como de países terceros.