Los líderes europeos inician en Roma, muy divididos, la revisión definitiva de la Carta Magna
Aznar insiste en que España debe mantener su peso actual en las decisiones de la UE
La redacción de la primera Constitución de la Unión Europea entra en su recta final y, si nada no lo impide, el nuevo tratado se firmará en la primaver
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, dejó constancia ayer de que será uno de los dirigentes comunitarios que más luchará para modificar algunos aspectos de un proyecto constitucional que, de aprobarse tal como está, minará parte del poder político que España tiene en la Comunidad. Aznar insistió en que la futura Carta Magna debe respetar la distribución de votos en el Consejo acordado hace tres años en el Tratado de Niza, porque entiende que el acuerdo alcanzado en al ciudad francesa es fruto del «consenso político». De igual modo, el inquilino de Moncloa retó a países como Francia y Alemania a que expliquen las «razones por las que quieren romper ese equilibrio institucional». Aunque Aznar no precisó si utilizará el veto para impedir un acuerdo que consagre la pérdida de poder de España, si dejó abierta esta posibilidad al manifestar que las instituciones comunitarias «no van a crujir» porque no se apruebe la Constitución, pues entiende que lo que entrará en vigor será el Tratado de Niza. Exhibiendo un gesto de relajación ante los periodistas, el presidente español insistió en que «no me siento ni solo ni aislado» en esta lucha. De hecho, España ha convertido a Polonia -un país de tamaño y población similar- en su gran aliado, pues ambos países serían los más afectados por el sistema de doble mayoría que pretende implantar la Constitución. Pero Madrid y Varsovia no son las únicas capitales que ponen «peros» al borrador Constitucional. De hecho, en la cumbre de Roma se puso de relieve que el debate divide de un lado a los grandes países de los pequeños, y a los Quince Estados miembros de la UE de los Diez candidatos a la adhesión, en cuestiones como el reparto de votos en el Consejo, la composición de la Comisión y la referencia al cristianismo en el texto constitucional. Las posiciones están de momento tan enfrentadas que los 25 sólo estuvieron de acuerdo en firmar una declaración conjunta en la que insisten que el borrador de Constitución es «una buena base» para seguir discutiendo y que las negociaciones deberán culminar antes del junio del 2004, cuando se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Hubo más noticias, tampoco buenas. España está aproximándose a los niveles medios de riqueza de la Unión Europea y esa realidad «va a tener consecuencias muy importantes para la política exterior española», declaró Aznar. «Aportamos cada vez más dinero a la UE porque nuestro país es más próspero, y los mecanismos de transferencia de recursos al presupuesto común funcionan», dijo Aznar. La renta media española se situará en el 86% de la comunitaria este año, «y podría rondar el 90% dentro de dos», lo cual situaría al país en la frontera de lo que se considera en la Europa comunitaria como «país asistido», según el jefe del Ejecutivo español. Constituye un secreto a voces en las instituciones comunitarias que los países asistidos, o de la cohesión, sufren un hándicap real en sus relaciones cotidianas con la Unión.