El presidente Lozada militariza Bolivia para frenar la protesta contra su familia

Las huellas de la batalla campal que se extendió por Bolivia, incluida su capital, permanecían ayer patentes en sus calles mientras era evidente entre la población el temor a un agravamiento de la crisis y de la violencia callejera. Sólo el fuerte despliegue del Ejército, apoyado por tanques y otros vehículos blindados, logró disolver a los manifestantes que en La Paz rodearon la sede de gubernamental con la esperanza de conseguir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Tres matrimonios españoles, que viajaron a Bolivia para adoptar niños, se encuentran atrapados en La Paz ante la imposibilidad de coger el avión para regresar a España. La Embajada logró ayer llevarlos hasta «un lugar seguro» después de que una de las parejas se refugiara en una iglesia. Los sindicatos, organizaciones campesinas y de vecinos, e incluso alcaldes llamaron a los bolivianos a mantener la huelga indefinida hasta acabar con el mandato del gringo , como denominan al mandatario boliviano. En los suburbios de la capital boliviana, las fuerzas policiales disolvieron con gases lacrimógenos a iracundos grupos de personas que intentaban asaltar comercios. La Paz continuaba paralizada, sin actividad laboral alguna, con el aeropuerto cerrado, las calles cortadas por barricadas y sin transporte público debido a la falta de combustible. Sus habitantes, además, sufrían el racionamiento de casi todos los suministros de alimentos, incluido el pan. Esta revuelta popular comenzó como apoyo a los mineros que se negaban a que el gas boliviano fuera exportado a Estados Unidos y México. Las protestas derivaron en un masiva petición de renuncia del presidente, cuya familia es propietaria de la Compañía Minera del Sur (Comsur). Los cooperativistas mineros amenazaron ayer con tomar estas empresas. El problema del gas es apenas un detonante de la pobreza generalizada del país, donde el desempleo real afecta al 40% de la población. La Iglesia católica urgió al Gobierno a garantizar la democracia y trabajar por «soluciones urgentes, no autoritarias, evitando derramamiento de sangre».