Los cinco grandes de la UE pactan la devolución de los «sin papeles»

España, Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido negociarán en común, a partir de ahora, los acuerdos de devolución bilaterales con los países de «origen y tránsito» de la inmigración ilegal, según anunció el ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, anfitrión de la reunión del G-5 que concluyó ayer en La Baule (Bretaña francesa). Marruecos no entraría en este acuerdo, porque España ya cuenta con un convenio con este país y, además, la Comi-sión negocia actualmente un acuerdo global europeo. España e Italia logran así uno de sus máximos objetivos al involucrar al resto de la UE en el control de los países de «origen y tránsito» de la in-migración. Los nuevos pasos se concretan en la fijación de una reunión trimestral de los responsables de la policía de fronteras con la intención de mejorar la lucha contra las re-des de tráfico de indocumen-tados procedentes de China, Europa del Este y África. El ministro italiano, Giuse-ppe Pisanu, propuso un plan de control de la inmigración marítima en el Mediterráneo. Dentro de las diferentes pro-puestas de este proyecto, está la creación de dos centros de control europeos, uno en Es-paña y otro en Grecia. Su homólogo francés lanzó la idea de constituir un grupo de trabajo «tres más tres», in-tegrado por España, Francia e Italia, por un lado, y Marrue-cos, Túnez y Argelia, por otro, para intentar controlar los flu-jos de clandestinos por el Me-diterráneo. Sarkozy reiteró su apoyo a la propuesta española de que la UE asuma el coste que le genera a cada país la lucha contra la inmigración. Tanmbién aprobaron incluir datos biométricos en pasaportes y visados. «Terrible» La Unión Europea lamentó el «fenómeno terrible» del tráfico de seres humanos al continente europeo y adoptó una serie de medidas para ofrecer ayuda a las víctimas de este fenómeno.Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE aprobaron una resolución en la que se destaca la necesidad de que haya un «compromiso pleno» de los Quince para perseguir a nivel nacional, europeo e internacional este fenómeno, «allí donde sea posible en cooperación con, y si fuera apropiado, con organizaciones no gubernamentales». La UE reconoció que este delito afecta, en particular, a las mujeres.