Un tribunal americano obliga a dar abogado a los presos de Guantánamo Irán acepta inspecciones sorpresa Estados Unidos no podrá mantener arrestado e incomunicado a un «combatiente enemigo»

Un tribunal de apelaciones de San Francisco sentenció ayer que los prisioneros encarcelados en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, tienen derecho a ser defendidos por abogados en el marco del sistema judicial estadounidense, En la sentencia, el tribunal argumenta que el estado de detención indefinida que sufren los 660 prisioneros es contrario «a los ideales americanos». El recurso fue interpuesto por el familiar de un ciudadano libanés detenido por el Ejército estadounidense en Afganistán. La administración estadounidense mantiene que los prisioneros fueron detenidos fuera de Estados Unidos por cargos de terrorismo y que, al encontrarse actualmente en territorio extranjero, pueden ser mantenidos indefinidamente sin ser juzgados. El abogado de uno de los detenidos en Guantánamo denunció ayer que su cliente se encontraba «en un agujero negro moral y legal». Afirmó que David Hicks, un australiano apresado en Afganistán en 2001 por luchar junto a los talibanes, está deprimido y que recibe peor trato que Sadam Hussein. Hicks es uno de los seis de los 660 presos a los que Bush ha decidido juzgar proximamente ante un tribunal militar. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de ellos lleva casi dos años en la isla, fuentes oficiales aseguraban ayer en The New York Times que no son presos «importantes». Según informaciones del diario, la CIA y el Pentágono tienen una amplia red de centros secretos de detención en paises aliados donde llevan a cabo los interrogatorios de los verdaderos cabecillas talibanes o iraquíes y cuyo preso principal es ahora Sadam Huseín. Varios expertos juristas han criticado con dureza a la Administración estadounidense por el distinto rasero con que ha tratado a Sadam, a quien se ha reconocido de inmediato su condición de «prisionero de guerra» y contra quien ya se han empezado a estudiar cargos, y a los más de 600 reclusos de Guantánamo. Un acusado, otros esperando El trato dispensado a Sadam Husein como prisionero de guerra, en los términos contemplados por las Convenciones de Ginebra, y las promesas hechas por Washington y por Bagdad de que tendrá un juicio justo y ecuánime contrastan con la situación de los presos de Guantánamo, a los que se califica de «combatientes ilegales» capturados en la «campaña contra el terrorismo». A Sadam Huseín ya se le ha acusado mientras que, dos años después de su captura, aún no se han presentado cargos contra los prisioneros de Guantánamo. El régimen de los ayatolás dio ayer un paso que va a debilitar las argumentaciones de la Casa Blanca en su intento de demostrar que Irán constituye una seria amenaza para la seguridad mundial. Tras el tira y afloja de los últimos meses, Irán ha cedido finalmente a las presiones internacionales y ha decidido suscribir el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La firma de este documento ( en la foto) obliga a Teherán a aceptar todo tipo de inspecciones de sus instalaciones atómicas, mucho más minuciosas que hasta ahora, y sin que sea necesario avisar de antemano. | r.m.m. El Gobierno norteamericano se llevó ayer su primer revés judicial en un caso relativo al tratamiento de los sospechosos de terrorismo. José Padilla, un ciudadano norteamericano detenido en mayo 2002 y acusado de haber intentado poner una bomba sucia en Estados Unidos, tendrá que ser liberado antes de treinta días. Según la sentencia de un tribunal federal de apelación de Nueva York, el presidente de Estados Unidos no tiene derecho a declarar «combatiente enemigo» a ningún norteamericano, un estatus inventado tras el 11-S que permite a la justicia militar arrestar a un sospechoso sin cargos e impedirle el acceso a un abogado o a su familia. Bajo ese estatus permanecen 660 presos en Guantánamo, y otros cuya cifra se desconoce en otros centros de detención del planeta, aunque Padilla era el único norteamericano al que se le había aplicado esa definición. «Los poderes constitucionales inherentes al presidente no se extienden a la detención en calidad de combatiente enemigo de un ciudadano estadounidense capturado dentro del país y lejos de una zona de combate» reza la sentencia. El dictamen judicial sugiere al presidente que si lo cree necesario, traslade al detenido «ante las autoridades civiles apropiadas para que presenten cargos contra él». Asimismo le invita a buscar una ampliación de poderes en el Congreso «si cree que su autoridad es insuficiente». La sentencia, nacida tras la apelación presentada por un grupo de abogados, fue calificada por la American Civil Union Liberties como «histórica». La Casa Blanca estudiaba ayer esta sentencia.