El Supremo ampara el secretismo de las detenciones que siguieron al 11-S

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este lunes por buena la decisión de un Tribunal de Apelaciones que rechazó la petición de grupos de derechos civiles y medios de comunicación de forzar al gobierno a hacer público los nombres y detalles de los cientos de detenidos en la caza de brujas que siguió al 11-S de 2001. Se calcula que más de 700 personas, la mayoría de origen musulmán, fueron detenidas sin cargos ni abogados en las semanas posteriores al peor ataque terrorista que haya sufrido el país. La mayoría de las personas detenidas han sido liberadas o deportadas por irregularidades migratorias, pero en muchos casos su detención superó con creces los 90 días que establece la ley para formular cargos o deportar. Diferentes organismos de derechos humanos han recibido también denuncias de abusos policiales e irregularidades relacionadas con esas detenciones. El gobierno de George W. Bush argumenta que si hace público los nombres de los detenidos se le estará facilitando a Al Qaida un plano de sus investigaciones antiterroristas, poniendo en peligro las fuentes de inteligencia utilizadas y por tanto la seguridad nacional. Los colores de la amenaza Ninguna aerolínea se ha ofrecido voluntaria a la petición del Gobierno norteamericano de que se le entreguen los datos sobre los pasajeros para poder calificarlos previamente según el grado de amenaza que supongan. Eso no ha quebrado la intención del Gobierno de EE.UU., que hará la petición forzosa para un plan que puede entrar en vigor el mes próximo. Así lo dio a conocer ayer el diario The Washington Post, según el cual el programa ya se está poniendo a prueba en determinados aeropuertos gracias a un presupuesto de cinco millones de dólares otorgado por el Congreso. La Unión Europea había advertido que la medida puede atentar contra las leyes de privacidad europeas, pero aceptó que las aerolíneas se prestasen a las pruebas. En cuanto a las compañías norteamericanas, dos se ofrecieron voluntarias pero dieron marcha atrás ante la presión popular. A Delta la convencieron los anuncios puestos en Internet por un grupo de derechos civiles en el que se instaba a los pasajeros a boicotearla, mientras que Jet Blue fue demandada en varios estados. Cuando el proceso entre en vigor, cada pasajero será calificado en su expediente como rojo, amarillo o verde. A los primeros no se les permitirá volar, mientras que a los segundos se les someterá a una exhaustiva revisión. El Gobierno implantará un programa de «viajero de confianza» en el que se aligerará el paso de aquellos que hayan ofrecido al Gobierno de forma voluntaria información sobre sus actividades.