Sharón, acorralado por el fiscal por soborno, se niega a dimitir

¿Debe el actual primer ministro israelí, Ariel Sharón, dimitir por su clara implicación en el escándalo político-financiero del conocido como caso Isla Griega? Esta era la pregunta más escuchada ayer en Israel, tras la última vuelta de tuerca del proceso que inculpa al empresario David Appel, reabierto el miércoles en un juzgado de Tel Aviv, y que llevó a la Fiscal General del Estado, Edna Arbel, a considerar que existen suficientes pruebas para llevar a Sharon, y al menor de sus hijos, Gilad, ante los tribunales por aceptar un soborno de Appel. De momento, el primer ministro dejó ayer claras sus intenciones en un mitin ante las juventudes de su partido, el Likud. «He venido aquí como primer ministro y como presidente del Likud, un puesto que intento cumplir por muchos años, al menos hasta el 2007», aseguró un sereno y firme Sharón entre los vítores de sus correligionarios. Pero lo cierto es que dos miembros de su propio Gobierno, el titular de Interior, Abraham Poraz, y el de Educación, Limor Livnat, advertían ayer que su dimisión será inevitable si finalmente el ex general es encausado judicialmente. De momento, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía, Moshe Mizrahi, sostiene que las evidencias en contra de Sharón son tan contundentes que exigen un nuevo e inminente interrogatorio del dignatario, que hace un par de meses ya tuvo que someterse a las preguntas de la policía en relación al caso. Será entonces cuando la Fiscalía del Estado resuelva si Sharón y su hijo deberán sentarse en el banquillo de los acusados. El ministro de Justicia, Josef Lapid, líder del partido laico Shinui que forma parte de la actual coalición de gobierno, salía en su defensa al insinuar que en otros casos de soborno los que supuestamente han sido sobornados no han sido inculpados en los procesos. Unos argumentos que no convencen a la oposición, que estudia presentar una moción de censura.