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La Fiscalía de Israel recomienda procesar a Sharon por corrupción

La fiscal del Estado de Israel, Edna Arbel, envió ayer la petición al fiscal general en la que solicita la inculpación del primer ministro, Ariel Sharón, por un asunto de corrupción, según el diario Haaretz .

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efe | jerusalén

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En concreto, la fiscal pide que se impute a Sharón por haber aceptado un soborno por parte del hombre de negocios y activista del Likud David Appel. A partir de este momento, es al fiscal general al que le corresponde decidir si presenta o no cargos contra Sharón. El asunto en el que se encuentra implicado el primer ministro, el caso de la Isla Griega, se remonta a finales de los años noventa, cuando el empresario ayudó a Sharón en su batalla por hacerse con el liderazgo del partido. Esta ayuda se produjo, según la investigación, después de que Sharón se valiera de su posición como ministro de Exteriores para ayudar a Appel en sus planes empresariales en Grecia. En una fase posterior, Appel incrementó supuestamente el importe de los sobornos al pagar cientos de miles de dólares al hijo de Sharon, Gilad, por trabajos ficticios. La decisión de procesar al primer ministro depende ahora de la resolución del asesor jurídico Mazuz, quien estudiará el caso y deberá decidir si acepta, o no, la recomendación de la fiscal general del Estado para encausar a Sharón. Su decisión, no obstante, no se producirá hasta dentro de un mes, dicen los analistas, tiempo en el que se analizará el material incriminatorio contra Sharón, quien era ministro de Exteriores en el ejecutivo de Benjamín Netanyahu cuando se produjo el supuesto soborno. Pero los observadores destacan que ni siquiera la decisión de Mazuz aclarará el futuro político del Gobierno israelí porque la legislación de Israel es poco clara para estos casos. Los juristas han explicado que existe una laguna sobre qué hacer en un expediente como el que hoy domingo ocupaba todos los titulares de la prensa local, y recuerdan que la ley básica que rige el funcionamiento del Gobierno israelí no obliga expresamente al primer ministro a dimitir o suspender sus actividades por el hecho de quedar a disposición de la justicia.

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