EE.UU. aprueba una resolución para evitar el genocidio de Darfur

El Congreso de EE.UU. aprobó ayer una resolución que declara que se está cometiendo un genocidio en Darfur, en el oeste de Sudán, donde milicias árabes musulmanas han obligado a 1,2 millones de personas a abandonar sus hogares. La Cámara de Representantes aprobó la medida por unanimidad y el Senado hizo lo propio en un voto a mano alzada, justo antes de su receso estival de seis semanas. La resolución afirma que «las atrocidades que se producen en Darfur, Sudán, son genocidio». El documento insta al presidente de EE.UU a imponer sanciones contra los responsables por los delitos y a establecer una fuerza multinacional para proteger a los refugiados y los empleados de organizaciones humanitarias. Además, sugiere que la ONU cree una comisión para investigar los crímenes y establezca un proceso para resolver el conflicto entre los habitantes de la región y el Gobierno de Jartum. Actualmente, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizan un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos que impone sanciones a los jefes de la milicia y pide al Gobierno de Sudán que cumpla su promesa de cesar cualquier apoyo a estos grupos y permitir la distribución de ayuda humanitaria. España violó el embargo Amnistía Internacional y Greenpeace denunciaron ayer que España «violó» el código de conducta de la UE al exportar armas y munición a Sudán por valor de 8.000 euros en 2003, por lo que pidieron al Ejecutivo español «una mayor responsabilidad» en su política de armamento y que cumpla la normativa europea. Además, ambas organizaciones consideraron, en un comunicado, que parte de las exportaciones efectuadas durante los años 2003 y principios de 2004 suponen «una vulneración» del embargo que la Unión Europea ha impuesto a Sudán desde 1994 y que fue renovado el pasado mes de enero ante la guerra civil que atraviesa este país. «Aunque el valor de estas ventas no es elevado, su impacto puede suponer un elevado coste en términos humanitarios», por lo que solicitaron al Gobierno español «una mayor responsabilidad» en su política de venta de armamento y un «cumplimiento estricto» de los criterios contemplados por el Código de conducta de la UE sobre transferencia de armas. A juicio de ambas organizaciones, España «debería asumir sus responsabilidades» como miembro de la Unión Europea y «aprovechar» su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para «promover la suspensión de transferencias al Gobierno sudanés» y asumir la conducta de la Unión Europea.