Controlado el motín de una cárcel argentina tras dejar ocho muertos

Con al menos ocho muertos -cinco presos, dos guardias y un policía- y después de 24 horas de tensión y violencia concluyó ayer el motín que protagonizaron 2.000 reclusos de una cárcel de la ciudad argentina de Córdoba. Los internos sublevados aceptaron la mediación de fiscales y un sacerdote durante la tarde de ayer y liberaron a los rehenes. La violencia, el odio y la crueldad que suelen verse en los motines carcelarios, como el que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, no son más que la otra cara de la moneda del sistema penitenciario argentino, un verdadero submundo de hacinamiento, malos tratos, torturas y tráfico de drogas. De acuerdo con el último informe sobre los derechos humanos en Argentina elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «en 2004 la situación que atravesaban las personas privadas de la libertad se agravó hasta límites intolerables>. En la tarde del jueves, durante el horario de visita, un incidente entre un guardia de la Unidad Penitenciaria 2 de la prisión y la esposa de un recluso desencadenó un altercado que fue creciendo a medida que se sumaban más presos y los fusiles y ametralladoras de la armería de la prisión. Hacinamiento Como la mayoría de los establecimientos penitenciarios de Argentina, esta prisión es un edificio deteriorado, que tiene más de 100 años y que aloja a 2.000 presos, aunque sólo tiene capacidad para 1.500. El hacinamiento es un viejo problema de las prisiones argentinas. En 1994, por ejemplo, la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires ascendía a 9.500 reclusos y duplicaba la capacidad de alojamiento de esos establecimientos. En el 2004, las cárceles de ese distrito albergaban a más de 24.000 personas, mientras otras 5.500 se hacinaban en comisarías. En los últimos años también aumentaron las reyertas entre detenidos, el número de heridos y los suicidios y asesinatos, que generalmente no son esclarecidos. Representantes de organismos defensores de los derechos humanos coinciden en denunciar la complicidad que existe entre algunos funcionarios de los servicios penitenciarios y ciertos presos .