El aspirante a presidente fue desaforado por el Congreso para ser juzgado por desacato
El alcalde de México acusa a Fox de urdir su inhabilitación política
La Asamblea del Distrito Federal resolvió desconocer la decisión del Legislativo estatal
Diputados del partido de López Obrador tras la votación que aprobó el desafuero de éste
El Congreso de México aprobó ayer el desafuero del alcalde de la capital, Andrés Manuel López Obrador, para que le pueda ser abierto un proceso judicial que lo podría llevar a la cárcel. La decisión abrió una etapa de incertidumbre política y creó un ambiente de expectativa sobre cuándo será detenido. El regidor de México D.F. acusó al presidente Vicente Fox y al ex presidente Carlos Salinas de estar detrás de los «procedimientos deshonrosos» que permitirían dejarlo fuera de la carrera por la presidencia del país, para lo que según las en-cuestas es favorito. Con 360 votos a favor, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), el gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), la mitad del Partido Verde Ecologista (PVEM), se le retiró la inmunidad parlamentaria al líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que horas antes anunció su candidatura presidencial para el próximo año ante cerca de 400.000 simpatizantes. Vo-taron en contra 127 legisladores del PRD, el Partido del Traba-jo (PT), Convergencia, 11 del PRI, uno del PAN, y ocho del PVEM. Defensa En su defensa, López Obrador negó haber «incumplido la sentencia de un juez». Sus acusadores dicen que no obedeció una orden judicial para detener la construcción de una vía en una propiedad privada. Advirtió que en el país de la impunidad, a él lo van a desaforar «por intentar abrir una calle» para comunicar un hospital. El asunto se remonta al 2000 cuando la entonces alcaldesa Rosario Robles expropió un terreno para hacer viales de acceso a un hospital. Tras varios recursos, la expropiación fue declarada inconstitucional y en el 2004 se instó a la alcaldía a devolver el terreno. López Obrador revocó el decreto expropiatorio, pero como los viales estaban casi terminados no devolvió el terreno y solicitó al tribunal que le permitiera indemnizar a los dueños. Según el alcalde de la megaciudad de 24 millones de habitantes, «el dolo y la mala fe son de quienes me acusan». Preguntó si el estado de derecho que pregonan existe en un México «donde los encargados de impartir la justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte». También citó al ministro y titular del Tribunal Supremo, Mariano Azuela, por «supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a meras consignas políticas», y a «aquellos que se aliaron a los personajes más si-niestros de la vida pública del pasado, como el ex presidente Carlos Salinas», Tras este desafuero, y una vez que el juez inicie el proceso en su contra, deberá renunciar a la alcaldía. Según algunas interpretaciones, si la justicia lo encuentra culpable tendría antecedentes penales que lo inhabilitarían para competir por la jefatura del Estado. El desafuero también derivó en un desacuerdo jurídico sobre López Obrador acerca de cuando será privado de libertad.