La crisis política pone «a prueba» la democracia

La crisis política en Ecuador, con la salida forzada del jefe del Estado, se desarrolla en un doble e interesante registro: el propiamente político y el constitucional, que parece un concurso entre los actores de este enésimo drama para respetar hasta donde es posible el imperativo legal. El vicepresidente Alfredo Palacio, que en su día dio al populista-indigenista coronel Gutiérrez un barniz de respetabilidad liberal-ciudadana-blanca, pareció encantado cuando sustituyó al presidente y declaró no sólo que «terminó la dictadura», sino que él es «la única esperanza del país», antes de rehusar, en primera instancia, la disolución del parlamento porque «no se puede violentar el orden constitucional». Pero Palacio sabe mejor que nadie, porque alentó la fórmula, que el presidente Lucio Gutiérrez cesó en realidad cuando el miércoles las fuerzas armadas le retiraron públicamente su apoyo con una declaración de su jefe, el general Herrera, que no perdió tiempo después de que ya el martes hubiera dimitido el jefe de las fuerzas policiales, general Poveda. Aparentemente, estos hombres rehusaron obedecer órdenes de disolver las manifestaciones en curso o en preparación con el argumento de que no podían «disparar sobre el pueblo». Se recordó lo sucedido en octubre de 2003 en Bolivia, cuando los uniformados dejaron solo al presidente Sánchez de Lozada. Hace sólo unos años, los militares y policías habrían tomado el poder sin miramientos, pero han aprendido y entienden quedar bien mientras la democracia es puesta a prueba. Pero ambos habían sido regularmente elegidos y su marcha, a fin de cuentas, ha sido impuesta por manifestaciones de desaprobación que las llamadas 'fuerzas del orden' debían reprimir en primera instancia si no estaban autorizadas. Y no lo estaban de modo que la juiciosa decisión de las fuerzas de seguridad es en este caso la desaprobación de Gutiérrez.