La Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechaza la petición de Cuba de investigar Guantánamo
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU decidió ayer designar un experto que examinará el impacto de la lucha antiterrorista en las libertades fundamentales y desestimó la resolución cubana que pedía una investigación sobre la situación de los presos en la base de Guantánamo. En el penúltimo día de su sesión anual, la CDH adoptó un texto, presentado por México y apoyado por Europa, en la que se prevé el nombramiento de un relator independiente que examine los posibles abusos de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo. El documento fue aprobado por unanimidad por los 53 países miembros de la Comisión, una vez que Rusia y EE.UU. dieran su visto bueno después de una serie de cambios. Human Rights Watch se congratuló por la decisión con la esperanza de que permita sacar a la luz los centros de detención secretos de EE.UU., además de Guantánamo. Washington se opone al acceso de expertos de la ONU a su base en Cuba, donde permanecen detenidos sin juicio más de 500 sospechosos de terrorismo. De hecho Estados Unidos consiguió sin problemas el rechazo de la resolución presentada por Cuba que pedía autorización para llevar a cabo una investigación «imparcial e independiente» sobre la situación de los presos de Guantánamo. La propuesta cubana contó con el apoyo de Bielorrusia, Siria, Malasia, Venezuela, México, Guatemala y Corea del Norte, mientras que 23 países se abstuvieron. Votaron en contra, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, entre otros. Al dirigirse al pleno de la CDH, el representante de EE.UU. consideró la propuesta de La Habana como un «acto de represalia contra la aprobación de la resolución de condena a Cuba». Además, la CDH adoptó una resolución de consenso condenando los abusos en Sudán, después de que la UE retirara un texto más duro. Críticas Pero la Comisión recibió múltiples criticas por parte de numerosos países por llegar a su fin condenando únicamente a cuatro países, incluido Cuba, dejando de lado a otros países con situaciones sumamente graves. Las críticas llegaron hasta de Louise Arbour, la alta comisionada para los Derechos Humanos. Arbour lamentó que la politización de la Comisión se haya convertido en una «excusa» para que se justifiquen determinadas actuaciones, al tiempo que criticó que ese órgano sea «prisionero» del peso político que ejercen algunos países.