Londres congela el referéndum sobre la Constitución europea

El Gobierno británico anunció ayer oficialmente su decisión de posponer el referéndum sobre la Constitución europea, previsto para la primavera del 2006, pero tuvo cuidado en darle el portazo definitivo, ya que se reserva el derecho de consultar a los electores «de cambiar las circunstancias». Los recientes fracasos en Francia y Holanda, junto al aumento de la oposición en el Reino Unido, ha llevado a Tony Blair a tomar esta decisión que empuja aún más al texto constitucional a un abismo. Fue el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, el hombre elegido para comunicar en los Comunes «la insensatez» que hoy por hoy supondría colocar una fecha para un referéndum sobre la Constitución en un país en el que la mayoría de la sociedad y de sus políticos la dan por muerta. «No existe razón para fijar una fecha de un referéndum tras el no de Francia y Holanda, en estos momentos existen muchas dudas». «Nos reservamos el derecho de introducir de nuevo el proyecto de ley sobre el referéndum cuando hayan cambiado las circunstancias políticas en el continente», añadió. Culpables El Ejecutivo laborista no ha querido asumir la responsabilidad de darle la puntilla definitiva al texto constitucional, anulando el referéndum, como volvió a pedirle ayer a gritos la oposición conservadora, sino que pasó la pelota al Consejo Europeo de los próximos 16 y 17 de junio. El jefe de la diplomacia británica se cuidó mucho de que se culpase a Londres del fracaso de un texto constitucional que negoció y aprobó en su día el Gobierno de Blair al señalar que era «propiedad del conjunto de la Unión Europea». Son los líderes europeos quienes deben decidir cómo «hacer frente a la situación», apuntilló. Desde Downing Street se han lanzado mensajes con el propósito de evitar que se malinterprete la decisión de Blair como una negativa a celebrar la consulta. Así se ha dejado entrever que la decisión de Tony Blair responde al miedo de que el referéndum sea utilizado por los euroescépticos para sacar al Reino Unido de la UE. Parece que el propio primer ministro informó de este peligro a sus homólogos europeos cuando les anunció el pasado fin de semana de su propósito de no celebrar la consulta a los británicos. Para el Partido Conservador británico, no existe duda de que la Carta Magna está muerta. El responsalbe de política exterior de los tories, Liam Fox, describió a los paters europeos de la Constitución, el francés Jacques Chirac y el alemán Gerhard Schröder, de «dinosaurios políticos» y pidió a Straw que utilizara su intervención en Westminster para defini-tivamente «declarar muerta la Constitución». Fox indicó que «el ejército de eurócratas y dinosaurios como los líderes de Francia y Alemania, cuyos puestos de trabajo dependen de Europa, siguen actuando como si nada hubiera ocurrido». Mientras, las instituciones europeas están a punto de lograr un acuerdo para fijar en 7.000 euros el salario mensual de todos los eurodiputados, independientemente de su nacionalidad, para acabar con el régimen actual en el que los sueldos oscilan desde los 11.779 euros de los italianos a los 800 de los húngaros, pasando por los 2.540 euros de los españoles o los 3.448 euros de los portugueses. El Consejo de ministros de la UE ha comunicado al Parlamento Europeo, a través de una carta enviada ayer, su intención de aceptar el acuerdo sobre el Estatuto del eurodiputado sobre la base de las condiciones establecidas en diciembre de 2003. Actualmente, los diputados reciben un sueldo similar al de sus colegas de los Parlamentos nacionales. «Se retomará si las circunstancias cambian. Pero, ahora, no tiene sentido continuar» JACK STRAW Ministro de Exteriores británico