La Corte Suprema argentina anula las leyes del perdón a los represores

Apenas habían dado las doce del mediodía en Buenos Aires, cuando un grupo de mujeres con pañuelos blancos en sus cabezas se abrazaban y lloraban emocionadas. Ellas tenían mucho que ver con la noticia que acababa de conocerse. Las Madres de Plaza de Mayo estaban viviendo otro día histórico en su causa por los Derechos Humanos. La Corte Suprema declaró ayer inconstitucionales las dos leyes que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar. La decisión del máximo tribunal dejaba sin efecto las leyes conocidas como «Punto Final» y «Obediencia Debida». Una decisión que fue acogida con aplausos por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y organismos de derechos humanos. Sentarse en el banquillo La anulación de estas leyes permitirá seguir adelante con los numerosos procesos judiciales que estaban archivados por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar. Entre quinientos y mil militares de distintas graduación deberán volver a sentarse en el banquillo de los acusados, aunque sólo el diez por ciento se encuentra actualmente en actividad. Fue Nora Cortiñas, la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo línea fundadora la primera en manifestar su alegría por el fallo. «Ahora todos los militares que torturaron y participaron de la desaparición de personas durante la última dictadura militar tienen que sentarse ante un juez y decir lo que ha pasado. Los crímenes que se han cometido ofenden a la humanidad. No se puede evaluar más o menos. Los que arrojaron personas al mar o al río, los torturadores, porque tuvieron un grado menor, no pueden pasar desapercibidos» expresó conmovida. Aquellas normas, aprobadas hace ya casi 20 años entre gallos y medianoche en el Congreso del gobierno de Raúl Alfonsín, sellaban un pacto con la impunidad que ayer, 15 de junio del 2005, se terminaba definitivamente. En lo interno, ya se sabía que el fallo de la Corte Suprema contaría con siete votos a favor, una abstención y uno en contra. Los magistrados que se pronunciaron por la declaración de inconstitucionalidad fueron Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. El decano del cuerpo, Carlos Fayt, votó en contra de la mayoría. Y Augusto Belluscio, cuya renuncia fue aceptada el pasado martes formalmente por el presidente Kirchner. El caso que disparó la decisión de la Corte Suprema del perdón es el de la acusación contra el represor Julio Héctor Simón. «Ahora todos los militares que torturaron y participaron de la desaparición de personas durante la última dictadura militar tienen que sentarse ante un juez y decir lo que ha pasado» NORA CORTIÑAS Titular de la asociación Madres de Plaza Mayor