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Polémica en Italia por una ley que permite repeler un robo con armas

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efe | roma

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El Senado italiano ha aprobado una ley que permite el uso de armas en propiedades privadas en legítima defensa y que, a la espera de su ratificación en la Cámara, ha suscitado una gran controversia en Italia. La norma aprobada en la Cámara Alta modifica el artículo 52 del Código Penal italiano, que establece que la respuesta de una persona agredida debe ser «proporcional» al ataque. Si el texto obtiene la luz verde definitiva de la Cámara de Diputados, los italianos podrán responder con disparos a quien irrumpa en propiedades privadas, desde viviendas hasta jardines o locales comerciales. La ley fue propuesta por la coalición conservadora en el Gobierno y deroga el principio de utilizar una defensa proporcionada al ataque en los casos en que el agredido deba «defender su propia integridad o la de las personas que estén cerca». También permite abrir fuego en caso de robo o daños a bienes materiales, un punto que ha recibido duras críticas de la oposición del centroizquierda, que considera que fomentará la violencia en el país. El ministro de las Reformas y dirigente de la derechista Liga Norte, Roberto Calderoli, aseguró que con esta ley el Gobierno se pone del lado de Abel, en lugar de Caín: «Primero están los ciudadanos y después los delincuentes», afirmó. Al alcance de la mano La norma fue sin embargo criticada por partidos como Demócratas de Izquierda (DS), cuyo representante en la Comisión parlamentaria de Justicia, Guido Calvi, denunció que pone «las armas al alcance de la mano». Para Calvi, la mayoría conservadora «tiene vocación de realizar normas que consiguen exactamente los fines opuestos a aquellos que querían alcanzar», y ésta en concreto fomentará «la transformación de Italia en el Lejano Oeste». La ley tampoco convence al partido ecologista de Los Verdes, que ha subrayado que la vida humana no puede ser jamás comparable a los bienes materiales. «Legitimar el uso de las armas por la sola agresión a los bienes materiales significa considerar la vida humana y los bienes como valores iguales», declaró representante de Los Verdes y vicepresidente de la comisión de Justicia del Senado, Giampaolo Zancan. La ley deberá ser aprobada en la Cámara de los Diputados para que entré en vigor, aunque la polémica ya está en marcha.