Las autoridades hacen cuentas y cifran en más de 125.000 millones de dólares el coste del huracán

El coste del huracán Katrina , que según las previsiones podría superar los 125.000 millones de dólares, amenaza con incrementarse ante la creciente aparición de nuevos sectores que ponen la mano para recibir su parte de la ayuda. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Congreso han arrastrado los pies a la hora de aprobar los primeros fondos de emergencia destinados a los damnificados por el huracán, que ya superan los 62.000 millones de dólares. Sin embargo, a medida que se empieza a organizar la reconstrucción de la zona devastada, comienzan a surgir peticiones de dinero, no sólo de los estados afectados, sino también de los vecinos que han dado cobijo a los refugiados e incluso de grupos industriales que ya notan las pérdidas. Los principales responsables del Gobierno han acudido ya a la zona para recopilar datos de primera mano y comenzar a preparar evaluaciones de daños. Al vicepresidente, Dick Cheney, le tocó el jueves visitar los lugares más afectados y desde allí adelantó que hay que empezar a pensar más a largo plazo y buscar soluciones a cuestiones que se prevén polémicas, como el pago de los seguros que, en la mayoría de los casos, no cubren las inundaciones. Otro coste a añadir será la atención sanitaria a miles de personas con problemas mentales generados por la tragedia, la ampliación de Medicaid, el programa de asistencia a familias con pocos recursos, o la ayuda a estudiantes desplazados. Los propietarios de las viviendas destrozadas y de los negocios que se han visto forzados al cierre también van a reclamar su parte de las compensaciones. Según la firma Risk Management Solutions (RMS), los daños del huracán podrían superar los 125.000 millones de dólares e implicar gastos para las aseguradoras de entre 40.000 y 60.000 millones, lo que lo convierte en el más costoso de la historia estadounidense. Lo mismo ocurre con las empresas de otros estados que utilizan el puerto de Nueva Orleáns para distribuir sus productos, o con las aerolíneas, que ya han pedido al Gobierno que reduzca las cargas fiscales del combustible en 600 millones de dólares.