Francia desarticula un comando islamista argelino listo para actuar en el país
La policía francesa desarticuló ayer en París y Normandía un comando islamista argelino preparado para actuar en suelo galo. Los detenidos son nueve, uno de ellos vinculado a los atentados que en 1995 provocaron 8 muertos y 200 heridos en el metro de la capital. Safé Bourada, de 35 años, acababa de cumplir 10 de condena por prestar apoyo logístico a los terroristas que colocaron las bombas de París. Con él han caído otros 8 sospechosos de pertenecer al Grupo Salafista por la Predicación y el Combate , aliado de Al- Qaida, según le consta al ministro del Interior. Bourada había conseguido organizar un grupo plenamente operativo al que tan sólo le faltaba fijarse un objetivo, según fuentes de la investigación. Aunque los franceses se mantienen al margen de la guerra de Irak, los salafistas argelinos amenazan con atentar en su territorio por ser parte de las fuerzas multinacionales en Afganistán y por prohibir el velo islámico en las escuelas. Los discursos incendiarios de sus líderes religiosos y los movimientos de sus activistas más conocidos los siguen con lupa desde hace meses los servicios de información. Medidas antiterroristas El ministro del Interior concretó anoche en televisión algunas de las medidas de la nueva ley antiterrorista que reforzará considerablemente el sistema de escuchas telefónicas y de video- vigilancia. Algunas no están exentas de polémica y por ello el gobierno se plantea un periodo de prueba de tres años antes de reconsiderar si las mantiene. Es el caso del control informático, especialmente a través de los llamados "cybercafés", confirmados como vía de contacto preferente entre las redes terroristas, que se resguardan en su anonimato. Además, Francia controlará mucho más estrechamente los viajes a los países denominados "de riesgo" e incrementará la vigilancia en las líneas internacionales de ferrocarril. En el plano judicial, la nueva ley antiterrorista agravará las penas de prisión cuando la "asociación de malhechores" tenga como objetivo atentar contra las personas. Unas medidas que se unen a las ya tomadas a raíz del 7-J, como la ley anterrorista por la cual las autoridades pueden retener e interrogar a los sospechosos de terrorismo durante 72 horas sin hacer públicas las acusaciones.