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El Senado lleva a un conservador a la presidencia del Supremo

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Óscar Santamaría - corresponsal | nueva york
León

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John Roberts fue elegido ayer presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un sillón desde el que tomará decisiones que afectarán a la vida diaria de los estadounidenses en las próximas décadas en asuntos tan delicados como el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Su ratificación por el Senado, por 78 votos a favor y 22 en contra, es una victoria para George W. Bush, quien con su candidato inclina el alto tribunal hacia posiciones conservadoras, espectro ideológico en el que se ubica a este abogado de 50 años que ha hecho historia al convertirse en el presidente más joven del Supremo en más de dos siglos. Roberts -quien sustituye en este cargo vitalicio a William Rehnquist, fallecido a principios de mes- logró el apoyo de todos los republicanos y dividió a la mitad a los demócratas. Entre los que votaron en contra están Hillary Clinton y Edward Kennedy, al considerar que el candidato de Bush había dejado dudas sin contestar durante el proceso de su nominación en el Senado, en temas claves como el aborto y la inmigración, y sobre algunas opiniones legales plasmadas en informes elaborados cuando trabajó en los años 80 en el Gobierno del republicano Ronald Reagan. A pesar de las críticas por su perfil conservador, los demócratas -minoría en el Senado- no han podido frenar su nombramiento. Bush sufre un nuevo revés El escenario presente y futuro de los republicanos se tambalea. El partido de George W. Bush atraviesa las horas más bajas desde que llegó a la Casa Blanca en el 2000, atrapado por la situación en Irak, las críticas por el Katrina , los altos precios de la gasolina y ahora por las denuncias de corrupción. Una bomba de relojería que podría explotar dentro de 12 meses. El último episodio ha sido el procesamiento legal de Tom DeLay, uno de los políticos más poderosos en Washington, que dejó su cargo de líder del partido republicano en el Congreso al ser acusado el miércoles de violar las leyes electorales de Tejas. El delito: emplear donaciones privadas para financiar campañas. Tras este revés, los republicanos intentan levantarse de la lona con la vista nublada puesta en las elecciones del próximo año para renovar el Congreso y que los demócratas ven, más que nunca, como una oportunidad para recuperar el espacio perdido.

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