El Supremo levanta el desafuero a Pinochet por las cuentas secretas

Augusto Pinochet quedó ayer a las puertas de ser procesado por corrupción al retirarle la Corte Suprema de Chile la inmunidad como ex gobernante, para que sea investigado por fraude tributario y otros delitos. El máximo tribunal chileno autorizó así una investigación sobre algunas declaraciones de impuestos de Pinochet que están incompletas y una declaración de bienes ante notario que hizo al retirarse de la Presidencia en 1990 y que se sospecha que puede ser adulterada. También se investigará al ex dictador por la presunta falsificación de pasaportes y de documentación fiscal de la Subsecretaría de Guerra para acreditar ingresos. El fallo fue confirmado a los periodistas por dos de los jueces supremos, al término de una reunión del plenario del tribunal. Oficialmente, un portavoz judicial dijo que por el momento no se entregará la resolución en detalle, debido a que los jueces votaron por separado cada una de las imputaciones que se formularon contra Pinochet tras el descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el extranjero. La Corte Suprema desestimó una cuarta imputación, relativa a acciones tendentes a eludir el embargo decretado por el juez español Baltasar Garzón en 1998, cuando estuvo detenido en Londres, que fue aprobada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 7 de junio. El desafuero de Pinochet fue solicitado, a petición de los querellantes, por el juez Sergio Muñoz, que investigaba el origen de la fortuna del ex gobernante (1973-1990) desde mediados del 2004, tras el descubrimiento de las cuentas secretas del ex dictador en el Banco Riggs de EEUU. Muñoz asumió el martes como nuevo integrante de la Corte Suprema y se esperaba que se designara a un nuevo juez para el caso, pero ello no ocurrió. El juez, antes de asumir su nuevo cargo, pidió a la Corte de Apelaciones otro desafuero de Pinochet, a fin de investigarlo por malversación de fondos públicos a través del desvío de dineros de la llamada «Casa Militar» de su régimen a sus cuentas personales. Durante su investigación, Muñoz procesó como cómplices de los delitos atribuidos a Pinochet a su esposa, Lucía Hiriart Rodríguez, a su hijo menor, Marco Antonio, a su ex albacea Oscar Aitken y a su secretaria privada, Mónica Ananías. También logró acreditar que a través del manejo de sus cuentas en el extranjero el jubilado general acumuló una fortuna calculada hasta ahora en 27 millones de dólares. La defensa de Pinochet, que sostiene que la suma es de unos 12 millones de dólares, ha argumentado que el origen de ese dinero es legítimo y proviene de ahorro, inversiones y «donaciones». También ha señalado que el ex dictador no puede ser enjuiciado por razones de salud, pues sufre una «demencia subcortical».