Chirac promete ayudar a los barrios «desheredados» cuando haya orden

En una primera estimación, las compañías aseguradoras cifran en unos 200 millones de euros el coste de 14 noches de violencia urbana. El grueso de esta cifra se irá en las compensaciones a comerciantes y empresarios, pero la Federación Francesa de Sociedades de Seguros calcula que casi 20 millones de euros se destinarán a la cobertura de las primas de los propietarios de los 5.800 vehículos quemados que tengan su póliza en regla. El centro de documentación de las aseguradoras considera que es el caso del 80% de los afectados, siempre que hayan dado parte del siniestro en un plazo de cinco días. El ministro de Economía, Thierry Breton, se comprometió ayer a «vigilar con la mayor atención» que los damnificados puedan cobrar sus seguros. Esto en cuanto a los bienes privados destruidos en los disturbios. A falta aún de balances, el Consejo Regional de París ha aprobado ya un primer plan de urgencia que supone desbloquear 30 millones de euros para reparar escuelas y centros municipales en los 235 barrios afectados. La situación en los suburbios franceses marcó inevitablemente ayer la décimo octava cumbre hispano-francesa, centrada en la inmigración. Jacques Chirac, ampliamente criticado por su silencio durante la crisis, insistió en que «la prioridad es el restablecimiento del orden público y el respeto a la ley». En el mismo sentido, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó «ante todo, tolerancia cero con la violencia». Tras expresar su «condena más absoluta», Zapatero confió en que «una política activa en lo social» ayude a evitar en España situaciones como la que vive Francia. El presidente galo reconoció que en los «barrios de los desheredados hay un problema de igualdad de oportunidades» al que hay que responder porque «todos somos hijos de la República y tenemos los mismos derechos». Chirac llamó a la responsabilidad de «los padres de los numerosos menores» que participan en los disturbios. Y sin querer lanzar las campanas al vuelo, reconoció que «estamos en un momento de restablecimiento del estado de derecho y la seguridad». El jefe del Estado asumió como propia la decisión de proclamar el estado de emergencia y el toque de queda, pero prefirió pasar de puntillas por la medida de expulsión de los extranjeros implicados en los disturbios: «Hay una ley y debe ser respetada», dijo. Las asociaciones de derechos humanos han reaccionado con indignación ante el anuncio de Nicolas Sarkozy y han recordado que la ley sólo prevé la expulsión de los extranjeros con permiso de residencia si la condena es superior a 5 años, pero nunca si son menores. El director general de la policía, Michel Gaudin, rectificó ayer a Sarkozy, quien aseguró que 120 extranjeros habían sido ya condenados: son entre un 6 y un 8% de los 2.033 detenidos y todavía no se han presentado ante el juez. Ocho policías suspendidos El toque de queda y los 9.500 policías desplegados en los barrios conflictivos de Francia han reducido en dos tercios el balance diario de los daños causados por los violentos. Pero ni el propio ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha podido evitar que se produjeran abusos por parte de las fuerzas del orden: ocho antidisturbios han sido sancionados por pasarse en el cumplimiento del deber. Las imágenes de un joven pateado y golpeado con saña mientras yacía en el asfalto fueron también filmadas por la televisión. Ocurrió el lunes en el departamento de Seine-Saint Denis, donde empezaron los disturbios hace hoy 15 días. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación y los ha suspendido del servicio. La vigilancia se ha incrementado, discreta pero espectacularmente, en París donde se sospecha que pueden producirse actos vandálicos hoy mismo, viernes festivo en conmemoración del Armisticio de la Primera Guerra Mundial. La cita de las bandas, prevista inicialmente en la torre Eiffel, se ha trasladado a los Campos Elíseos, donde también las asociaciones de los barrios habían intentado organizar una manifestación contra la violencia, que finalmente no ha sido autorizada para evitar males mayores. Por otra parte, la venta de gasolina en bidones se ha prohibido en la capital y las fuerzas del orden impiden a los jóvenes de la periferia acercarse al centro en los transportes públicos. La última noche, sin toque de queda, los coches incendia-dos en la región parisina no llegaron a los 100. Los otros 400 ardieron en provincias, especialmente en Lîlle, Lyon, Estrasburgo, Marsella y Toulouse, la ciudad donde se vivie-ron los incidentes más graves. El director general de la po-licía nacional ha reconocido «un retroceso importante» de los actos de violencia urbana, especialmente en lo que fue su cuna, los suburbios de la capital.