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El informe Marty reprocha a la UE la falta de colaboración y a EE.UU que no dé explicaciones

El Consejo de Europa da crédito a las detenciones ilegales de la CIA

Considera que ya no hay cárceles secretas en el continente, ya que los presos fueron trasladados a África

Marty (en el centro) presentó ayer su primer informe tras abrir una investigación en noviembre

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Esperanza Súarez - corresponsal | parís
León

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El Consejo de Europa considera «creíbles» las detenciones ilegales de presuntos terroristas islámicos por parte de la CIA en territorio europeo y las seguirá investigando. Según el informe presentado ayer en París por el senador suizo Dick Marty, todo parece indicar que «personas han sido secuestradas y transportadas a otros países sin respetar las normas de asistencia jurídica». Se trata de un informe preliminar de la investigación emprendida a principios de noviembre y por eso deja claro que «es demasiado pronto para afirmar» que pueda haber «complicidad» de algún Estado miembro en estos «hechos ilegales». Durante la rueda de prensa, Marty aclaró que ya no existen cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. en el Viejo Continente puesto que, a su juicio, los prisioneros fueron trasladados al norte de África, probablemente a Marruecos, a comienzos de noviembre al producirse las primeras filtraciones periodísticas sobre el escándalo. Vuelos sospechosos El senador liberal ha escrutado los movimientos de vuelos sospechosos en Polonia y Rumanía. No ha encontrado pruebas, pero sí indicios que «refuerzan la credibilidad» de las acusaciones. Para llegar más allá, necesita acceder a las imágenes por satélite, pero hasta ahora sólo ha encontrado impedimentos por parte del director del Centro de Satélites de la Unión Europea, con sede en Torrejón de Ardoz, y del director de Eurocontrol. La Comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se ha dirigido a la UE y a su responsable de Política Exterior, Javier Solana, para que consiga que ambos organismos le permitan acceder a los informes hasta ahora secretos. En la base de su investigación están las denuncias de Human Rights Watch sobre los vuelos en que la CIA habría transportado a detenidos pasando por 31 aeropuertos europeos hasta una cárcel secreta en Polonia y dos en Rumanía. A ambos países se ha dirigido con desigual fortuna: Bucarest ha res-pondido negando los hechos, pero aún no hay noticias de Varsovia. En cuanto a EE.UU., su representante permanente se ha limitado a enviarle una copia del discurso pronuncia-do por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el pasado día 5. Marty ha «tomado nota» y lamenta la falta de explicaciones de la jefa de la diplomacia en su reciente gira por Europa. Dick Marty, antiguo fiscal, no se muestra de acuerdo con los métodos de Washington, que considera «contrarios a la Convención Europea de Derechos del Hombre». Advierte además de un grave peligro: «Dan una motivación y una cierta legiti-midad a los simpatizantes de los terroristas». La comisión ha pedido que el asunto se incluya por la vía de urgencia en la próxima asamblea plenaria prevista para fina-les de enero. Mientras, los principales grupos del Parlamento Europeo se han mostrado de acuerdo con la necesidad de crear una comisión de investigación que aclare los vuelos secretos de la CIA, a pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara la han rechazado. Por otro lado, la oposición pide a Blair que investigue el tránsito de aviones con sospechosos. La afirmación del ministro Jack Straw de que ningún avión de la CIA con sospechosos de terrorismo utilizó el espacio aéreo británico, en ruta hacia prisiones en terceros países, no se lo han creído en la Cámara de los Comunes, por lo que se exige al Gobierno de Tony Blair una inmediata investigación. El lunes, Straw indicó que durante los años que George W. Bush lleva de presidente de EE.UU. no existía ninguna información en la que las autoridades de Washington hubieran pedido permiso a las de Londres para utilizar el espacio aéreo británico para aviones que transportaran a sospechosos de actos terroristas.