El FBI espió a oenegés como Greenpeace con la excusa de la lucha antiterrorista

Organizaciones pacifistas, de defensa del medioambiente, a favor del Tercer Mundo o contra la crueldad animal fueron investigadas por el FBI. Su unidad antiterrorista realizó operaciones de vigilancia y recopilación de información sobre sus actividades, según denunció ayer la influyente Asociación Americana de Libertades Civiles (Aclu). La orden fue dada pocos me-ses después de los atentados del 11-S, cuando John Ascroft, por entonces fiscal general del Estado, extendió los poderes del FBI, que no se ciñieron sólo a grupos con posibles vínculos con Al Qaida, si no que pusieron en el radar a gru-pos considerados proclives a la violencia. Entre ellos, incluyeron a Greenpeace y al grupo Catholic Workers, que aboga por la reducción de la pobreza en el mundo. En los documentos que salieron a la luz después de ser solicitados en los tribunales por Aclu en virtud de la Ley de Libertad de Información, se tacha a esta asociación católica de tener una «ideología semicomunista». Aclu cree que el fichero del FBI contiene expedientes de más de 150 oenegés, entre otras Peta, que tras conocer la noticia la consideraron «abuso de poder». Desde el FBI se defendieron diciendo que «estar sin más en un archivo no significa que se esté siendo investigado». Su portavoz, John Miller, añadió que su actuación está ampa-rada por la ley. Por su parte, la directora legal de Aclu, Ann Beeson, señaló que esto prueba cómo el Gobierno ha diseñado una estrategia global, que afecta a todo su servicio de inteligencia desde el Pentágono hasta la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), para espiar a sus propios ciudadanos. Estas revelaciones se producen pocos días después de que estallara el escándalo sobre la orden que dio en el 2002 el presidente George W. Bush para espiar las llamadas y correos telefónicos de sus ciudadanos sin autorización judicial. Duras críticas Legisladores de EEUU han criticado duramente la actuación del presidente George W. Bush al haber autorizado, sin pasar por el Congreso y la Justicia, espiar las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de estar vinculados al terrorismo. La revelación de que Bush ha eludido al Congreso y a los tribunales «revuelve el estómago», señaló el lunes el senador demócrata Robert Byrd, en una declaración en la que afirmó que «ningún presidente está por encima de la ley». Una ley promulgada en 1978 estipula que la vigilancia oculta de ciudadanos estadounidenses dentro del país requiere la autorización de un tribunal secreto que maneja esos trámites. Byrd añadió que Bush «ha usurpado» la autoridad del Poder Judicial al ordenar que la Agencia de Seguridad Nacional intercepte y se inmiscuya en las conversaciones telefónicas y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses sin esa orden judicial, «lo cual es una clara violación» de la Constitución. «Ningún Gobierno debe creer que está por encima de la ley. Es necesario que restablezcamos el equilibrio y los controles en este país», manifestó Patrick Leahy, el demócrata de más alto rango en el Comité Judicial del Senado. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Bush afirmó el lunes que no había violado ningún ley al autorizar el espionaje sobre estadounidenses. Además, agregó que continuará haciéndolo pese a las protestas de que esas actividades constituyen una infracción de las libertades civiles. «He vuelto a autorizar este programa más de 30 veces desde los atentados del 11 de septiembre e intento hacerlo mientras este país enfrente la continua amenaza de un enemigo que quiere asesinar a ciudadanos estadounidenses», dijo.