Francia pone en marcha una ley para elegir a la carta a sus inmigrantes
Para poder "elegir" en lugar de "sufrir" la inmigración, el gobierno francés dio ayer luz verde a un proyecto de ley largamente preparado por el ministro del Interior que la izquierda califica de "racista". Las medidas promovidas por Nicolás Sarkozy son especialmente duras para los ilegales que pretendan regularizar su situación mientras favorecen la llegada de personal altamente cualificado. Sólo ellos podrán aspirar a la nueva tarjeta de residencia para talentos, válida durante tres años y prorrogable. Se dirige básicamente a científicos, informáticos, artistas y deportistas llamados a "participar en el desarrollo económico francés" o a "hacer brillar a Francia en el mundo", según el primer ministro Dominique de Villepin que asumió personalmente la presentación del proyecto. También tendrán un tratamiento privilegiado los mejores estudiantes extranjeros, "los más motivados" y aquellos que lleguen gracias a las listas del gobierno para cubrir puestos con escasez de mano de obra. El término "cuota" ha sido cuidadosamente eliminado del texto para evitar problemas de constitucionalidad y Dominique de Villepin prefirió ayer hablar de "estimaciones". Frente a esta política de brazos abiertos para con los profesionales cualificados, el reagrupamiento familiar o la regularización de los ilegales van a ser mucho más difíciles: el proyecto suprime la regularización automática tras 10 años de residencia tal y como ocurría hasta ahora. "O se entra en Francia legalmente o no se entra", sentenció Nicolás Sarkozy el pasado domingo en su presentación adelantada del proyecto en el Journal du Dimanche. Objetivos prioritarios Y como para el ministro del Interior "el sistema de integración a la francesa ha dejado de funcionar", la lucha contra los matrimonios de conveniencia y el fraude en el reagrupamiento familiar se convierten en objetivos prioritarios: se duplica el periodo de convivencia para obtener la tarjeta de residencia y se exigen al cabeza de familia los medios económicos necesarios para mantener a los recién llegados. Todos estarán obligados a aprender francés y deberán firmar un contrato "de acogida e integración". Ni la izquierda ni la extrema derecha están de acuerdo con la nueva ley. Denuncian que el texto trata al inmigrante como un objeto de «usar y tirar», lo que constituye -dicen- «un ataque sin precedentes a las condiciones de residencia de los extranjeros». Verdes, socialistas y comunistas se han comprometido ya a coordinar acciones y movilizaciones para "hacer fracasar esta política de estigmatización y exclusión" que supone en la práctica "una máquina de fabricar inmigración ilegal". El ultraderechista Le Pen reclama "inmigración cero" y que se suprima el derecho de los extranjeros a recibir subsidios. Según varias asociaciones de inmigrantes, las nuevas medidas no podrán aplicarse a argelinos y tunecinos a no ser que se revisen los tratados bilaterales. Los principales afectados serían los originarios del África subsahariana.