La prisión de los fantasmas

El traslado a la base militar que Estados Unidos tiene en la bahía cubana de Guantánamo de medio millar de combatientes afganos y de acusados de pertenecer a Al Qaida ha suscitado numerosas condenas de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo por las condiciones de detención de los presos y por la más absoluta carencia de garantías jurídicas para los detenidos, que son como fantasmas. Los propios tribunales norteamericanos han dictado varias resoluciones contrarias a los intentos del Gobierno Bush de reducir a la mínima expresión los derechos de los reos. Un acuerdo entre los gobier-nos de Estados Unidos y Cuba permitió a los norteamericanos levantar la base de Guantánamo en territorio cubano a principios del siglo XX. Las instalaciones, situadas 920 kilómetros al sureste de La Habana, tienen 117,6 kilómetros cuadrados de extensión, de los que sólo 49,4 son de tierra firme y ocupan una línea costera de 17,5 kilómetros. El recinto, cercado por una alambra electrificada de 3 metros de altura es utilizado por la Marina de Estados Unidos como punto logístico para sus barcos de guerra y de guardacostas que navegan por el Caribe. Acuerdo bajo presión Sucesivos gobiernos cubanos, desde antes de la llegada de Castro al poder, han reclamado la retirada de los norteamericanos y la devolución de la base con el argumento de que el acuerdo que permitió su instalación fue obtenido bajo presión. Tras los atentados del 11-S y la posterior invasión de Afganistán, Estados Unidos acondicionó la base, a finales de diciembre del 2001, para acoger a cerca de medio millar de detenidos, todos ellos combatientes afganos de Al Qaida y del régimen talibán. Se construyeron celdas al aire libre de algo más de cuatro metros cuadrados con paredes de alambre y techo de metal, en lo que se conoce como Cam-pamento Rayos-X. Las condiciones de deten-ción de los prisioneros, que se encuentran en una especie de limbo jurídico, sin derecho a abogado ni, en la práctica, a juicio, salvo casos excepciona-les ha provocado una cadena de acusaciones internaciona-les contra Washington, que, en cualquier caso, ha hecho casi siempre oídos sordos a las críticas. En un principio, las autoridades norteamericanas calificaron a los reos como «combatientes ilegales», para no darle la consideración de prisioneros de guerra, lo que les conferiría los derechos de las Convenciones Internacionales sobre guerra. Sin embargo, días después, admitieron que los miembros de la milicia talibán sí estarían amparados por estas convenciones, garantías que no darían a los vinculados con Al Qaida, considerados como terroristas extranjeros. El mayor enemigo a la política carcelaria de George W. Bush la encontró en su propia casa. Los jueces federales, que en un principio apoyaron con sus sentencias casi todas las decisiones del presidente de EE.UU., fallaron varias veces en los últimos años contra el régimen de Guantánamo. Ante los continuos reveses, Bush decidió, en diciembre del año pasado, que todas las apelaciones de los reos detenidos en la base cubana deben ser vistas en los tribunales de apelación de Washington y no en los de rango inferior. LLEGAN LOS 20 PRIMEROS PRESOS. Críticas de políticos y oenegés a su traslado, encapuchados y sedados EE.UU. NO TIENE JURISDICCIÓN EN LA BASE. Lo dictamina una juez federal de Columbia y otro juez desestima una apelación al fallo. Alegan que la soberanía es de Cuba LOS PRESOS PUEDEN APELAR EN ESTADOS UNIDOS. El Supremo admite que la base está bajo jurisdicción de EE.UU., aunque permite al Gobierno retener de forma indefinida a «combatientes enemigos» COMIENZAN LAS JUNTAS MILITARES. Designan, caso por caso, a los «combatientes enemigos» PRIMER JUICIO MILITAR. La acusación es de conspiración para el asesinato. Se autoriza por primera vez la asistencia de un abogado civil para dos reos británicos TORTURAS A LOS PRESOS. El FBI confirma la brutalidad en los interrogatorios denunciada por la Cruz Roja Internacional. Se abre una investigación militar LAS JUNTAS MILITARES SON INCONSTITUCIONALES. Lo determina un juez federal, que en marzo prohíbe el traslado de reos a terceros países