El Gobierno de Ecuador declara el estado de emergencia en tres provincias petroleras
Un manifestante es arrestado por varios policías en Quito
El Gobierno de Ecuador declaró ayer el «estado de emergencia» en las provincias amazónicas petroleras de Napo, Sucumbíos y Orellana, debido a la huelga que llevan adelante unos 2.000 trabajadores del sector. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Enrique Proaño, indicó en una rueda de prensa, que la medida se debe a que la huelga ha causado la paralización de la producción de crudo en varios campos petrolíferos de la región. Proaño indicó que las tres provincias han sido declaradas como «zonas de seguridad» y que se han suspendido los derechos ciudadanos en esa región. La suspensión de los derechos de los ciudadanos implica de hecho un «estado de excepción» en oposición al de «emergencia» decretado por el Gobierno, que habitualmente se aplica en casos de desastres naturales o catástrofes. El Gobierno dispuso que la fuerza pública restablezca en la zona «las condiciones de seguridad recaídas, con la finalidad de proteger la integridad de la ciudadanía, así como de la propiedad pública y privada», agregó el portavoz del Gobierno. Fernando González, el presidente de la empresa estatal petrolera Petroecuador indicó que durante la primera jornada de las protestas, su compañía ha dejado de producir unos 18.000 barriles de crudo. Buscando el diálogo González informó de que hoy viajará a Sucumbíos para dialogar con los huelguistas, que han ocupado varias instalaciones de Petroecuador, con el objetivo de intentar solucionar la situación. Según fuentes periodísticas, el Gobierno tendría previsto asignar unos 50 millones de dólares para atender las demandas de los trabajadores petroleros. Los huelguistas, que pertenecen a firmas privadas que ofrecen servicios a Petroecuador bajo la modalidad de subcontratación de personal, exigen a la estatal que pague una deuda de 51 millones de dólares. No obstante, piden también a Petroecuador que los contrate formalmente, pues aseguran que las compañías privadas tampoco les pagan sus salarios a tiempo.