Los países del Magreb se comprometen a readmitir a los inmigrantes

La Conferencia de Interior del Mediterráneo Occidental (Cimo) concluyó ayer en Niza con el compromiso de los diez países miembros de cumplir los convenios de readmisión de emigrantes firmados entre ellos y, además, aceptaron la recomendación de que firmen otros nuevos. Las conclusiones de la cumbre pretenden combinar la lucha policial contra la inmigración clandestina con la voluntad de ayuda a los países de origen de los irregulares. En la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron los ministros del Interior, el anfitrión, Nicolas Sarkozy, defendió que el encuentro de Niza ha servido para convertir a la Cimo en un instrumento «mucho más operativo». Su homólogo español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que, con la cumbre de Niza, había «un antes y un después» en la historia de la conferencia euromediterránea, acostumbrada a emitir conclusiones finales que no recogían acuerdos concretos. Los países que se han comprometido han estudiado la viabilidad de instaurar un sistema de gestión, control y vigilancia de las fronteras marítimas en el Mediterráneo y de las fronteras terrestres, aunque ni siquiera se propuso, como en otros puntos de la resolución, la creación de un grupo de trabajo para tal efecto. El intercambio de información para acabar con las redes que trafican con personas y la propuesta española de articular medidas solidarias en el caso de que uno de los países sufra, como le ocurrió a España el pasado verano con los subsaharianos, un flujo masivo de inmigrantes, completan el capítulo de medidas operativas. Intercambio de información En materia antiterrorista, los ministros destacaron en sus conclusiones la importancia del intercambio de información, aunque ésta vez se refirieron expresamente a las listas de sospechosos por terrorismo y apuntaron que se debe realizar una valoración conjunta de forma periódica de la amenaza. En este sentido destacaron dos focos sobre los que poner la atención en la zona del Sáhara. Además, se asumió la propuesta española para crear un grupo de trabajo que evalúe la posibilidad de poner en marcha un sistema de alerta rápida en el caso de que en cualquiera de los diez países se produzca un robo de armas o explosivos.