La explosión de un oleoducto en Nigeria causa 150 muertos abrasados Chirac y Villepin tienen que negar que se hayan reunido con el espía La popularidad de Bush y Blair cae a mínimos históricos

Mas de 150 personas murieron ayer en la explosión de un oleoducto a las afueras de Lagos, capital económica de Nigeria, según confirmaron fuentes policiales. El comisario de la policía de Lagos, Emmanuel Adebayo, aseguró que el siniestro se produjo cuando un grupo de personas, cuya filiación no divulgó, perforaron la tubería para extraer combustible. Según Adebayo, la explosión se produjo en las cercanías del puerto de Atlas Cove, a unos 7 kilómetros al sur de Lagos y donde se encuentran situadas muchas terminales de embarque de crudo, cuando el grupo cargaba bidones llenos de combustible robado en botes de madera, cuyos motores habían sido dejados en marcha para facilitar la huida. La explosión de uno de los bidones, probablemente causada por el calor de un motor, se extendió al oleoducto y de éste a una localidad aledaña a la terminal portuaria, donde familias enteras murieron de forma instantánea. La red de televisión privada Channels mostró los cadáveres carbonizados de muchas de las víctimas del incidente, el último de una serie de explosiones e incendios de oleoductos en los que han muerto miles de personas. Experiencias similares El peor siniestro de este tipo ocurrió en 2000, en una aldea del distrito de Okpe, en el sureño estado de Delta del Níger, donde más de 3.000 personas murieron cuando una tubería explotó en circunstancias similares a las de ayer. En 1998, más de 1.500 personas murieron quemadas en otro incendio de combustible derramado de una tubería en la aldea de Jesse, también en el estado de Delta. Los oleoductos nigerianos son frecuentemente perforados por delincuentes que roban los combustibles y los venden en el mercado negro, aunque también son saboteados por grupos tribales que mantienen disputas con las multinacionales petroleras que operan en la región. Nigeria es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y ocupa el sexto lugar entre los mayores productores del mundo. La riqueza petrolífera del país no beneficia, sin embargo, a las poblaciones de las áreas productoras de crudo, que viven en la pobreza y como único medio para sobrevivir recurren al robo de combustibles para venderlos en el mercado negro, a pesar de los graves riesgos que conlleva perforar un oleoducto. El Palacio del Elíseo recurrió ayer nuevamente al desmentido, el quinto desde el inicio del escándalo. En este caso, para negar que el presidente de la República o alguno de sus próximos se hubiera entrevistado en estos últimos días con el espía que más sabe de la presunta conspiración orquestada en la cúpula del Estado para desprestigiar a Nicolás Sarkozy  y frustrar así sus ambiciones presidenciales. El general Philippe Rondot ha sido citado nuevamente ante los jueces. Fue la filtración de su primera declaración ante los dos magistrados la que puso en la picota a Jacques Chirac y  Dominique de Villepin: el primer ministro le encargó en enero del 2004, cuando ocupaba la cartera de Exteriores, que confirmara la autenticidad de unos listados de cuentas secretas en la sociedad luxemburguesa Clearstream, investigada por blanqueo de dinero y operaciones dudosas como el cobro de comisiones en una venta de fragatas a Taiwán. Aparecían industriales y políticos, incluido Sarkozy. Las notas del general, en poder de los jueces desde el registro de su domicilio, confirman que en su opinión los listados eran falsos. Unos meses después, convertido en ministro del Interior, Villepin ordenó que los volvieran a investigar sin informar de las conclusiones de Rondot a sus propios servicios secretos, según la última revelación de Le Monde . Dos anónimos sacaron las listas a la luz pública y Villepin ocultó haber confirmado que estaban manipuladas. Los recibió el magistrado que instruía el sumario de las fragatas:  Van Ruybeke está convencido de que se los hizo llegar un amigo personal de Villepin, Jean-Louis Gergorin, que dejó el miércoles sus funciones como vicepresidente del grupo aeroespacial Eads para preparar su defensa. Villepin, de momento, no dimite y el martes afrontará una moción de censura del partido socialista que cuenta ya con la adhesión de la izquierda y el probable voto favorable de los centristas. La popularidad del presidente norteamericano alcanzó ayer el mínimo histórico del 29 por ciento sólo equiparable en los últimos 50 años al obtenido por Jimmy Carter en 1979 le sitúa entre los primeros puestos de la lista de presidentes peor valorados de la historia. Algo similar le pasa a Blair. Un 57% de los británicos ya no cree que el Gobierno sea capaz de mejorar los servicios públicos, la salud y la educación. Un 51% piensa lo mismo con respecto a la economía, según un sondeo del instituto Deloitte/Ipsos MORI. En lo que concierne a la economía, este porcentaje es el peor desde mediados del 2003, cuando la credibilidad del Ejecutivo cayó a causa de la guerra en Irak. Balir había insistidoen que su Gobierno debía centrarse en la economía. El primer ministro pretendió desviar el foco de atención de la derrota sufrida por el laborismo en las recientes elecciones municipales. Mientras, la polémica por las escuchas telefónicas ilegales ordenadas en secreto tras el 11-S por George W. Bush ha vuelto a revivir. El escándalo, que desató una tormenta política meses atrás, amenaza ahora con complicar la confirmación de su candidato para dirigir la CIA, el general Michael Hayden. Tras la revelación del programa realizada en diciembre por The New York Times , otro diario, el USA Today , desveló esta semana que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) recolectó información de llamadas telefónicas de millones de personas desde el 2002, creando la mayor base de datos de este tipo del mundo. Para ello contó con la colaboración de las tres mayores telefónicas del país: AT&T, Bell South y Verizon. Bush salió al paso de las noticias y, sin confirmar ni negar lo publicado, se limitó a decir que dicho pro-grama de escuchas -sin auto-rización judicial- «está dentro de la ley» y que su objetivo es evitar atentados terroristas.