México considera una afrenta el plan de Estados Unidos de levantar un muro

El Gobierno mexicano rechazó ayer la decisión del Senado de EE.UU. de construir un muro en la frontera para frenar la entrada de indocumentados, pese a lo cual confió en que a finales de este mes se apruebe una reforma migratoria «amplia e integral». El portavoz del presidente mexicano, Rubén Aguilar, calificó el muro de «señal de desconfianza» entre los dos países y dijo que «ésta nunca será la base de la amistad entre dos pueblos» y que quien lo promueve «está fuera de lugar», pero matizó que es una decisión que el Senado «toma en el marco de su propia soberanía», la cual respetan. Una queja diplomática El canciller, Luis Ernesto Derbez, anunció que el Gobierno enviará una nota diplomática para expresar su preocupación por la decisión de los legisladores estadounidenses, pero «dejando en claro que la posición mexicana es una posición de respeto» a la soberanía estadounidense. Aguilar afirmó que el Gobierno de Vicente Fox «reitera su convicción de que los muros no resuelven el problema migratorio ni ofrecen una respuesta eficaz para garantizar la seguridad en la región fronteriza». La Cámara de Diputados de México consideró el muro como «una afrenta al país y un evidente retroceso». Tanto legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) como del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron su eventual construcción. Fox, quien ayer viajó a las fronterizas ciudades de Tijuana y Mexicali y la próxima semana visitará los estados de Utah, California y Washington (oeste de EE.UU.), «sostiene que la confianza es el principal sustento de la cooperación y el trabajo conjunto» en las complejas relaciones con su vecino del norte, enfatizó Aguilar. La decisión de los legisladores de aprobar la construcción de un muro de 595 kilómetros, como parte de la reforma sobre inmigración, se produjo tres días después de que George W. Bush anunciase el envío a la frontera de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional. El Gobierno de Fox considera que ese despliegue no representa la «militarización» de la frontera, como aseguran los opositores a la medida en México y Estados Unidos. La moderación de Fox es interpretada por algunos en base a la aspiración de que la norma que avale en unos días el Congreso en Washington incluya la «regularización» de muchos de los once millones de hispanos indocumentados en EE.UU. De todos modos, la cancillería mexicana confirmó la realización hoy de una reunión de once ministros de Exteriores latinoamericanos para analizar la decisión de EE.UU. Por su parte, George W. Bush llegó ayer a Arizona para comprobar la situación en la frontera con México. Así mismo pidió al Congreso una partida extraordinaria de urgencia de 1.948 millones de dólares, con los que se sufragará ese despliegue temporal de los 6.000 soldados de la Guardia Nacional y la formación de los primeros mil nuevos agentes de la Patrulla. Además, ese fondo permitirá la dotación de dos aviones de vigilancia y cinco helicópteros para la Patrulla Fronteriza, así como el levantamiento de vallas y otras barreras físicas con las que reforzar la seguridad en la zona limítrofe.