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Blair desdice a Maliki en su viaje sorpresa a Irak sobre un calendario de retirada de tropas

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efe | bagdad

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El primer ministro británico, Tony Blair, declaró ayer en Bagdad, adonde acudió de modo sorpresivo para apoyar al nuevo Gobierno, que la seguridad en Irak será transferida por las tropas multinacionales al Ejército y a la Policía iraquíes cuando éstas estén preparadas para proteger la seguridad del país. Blair respondía así en rueda de prensa al primer ministro iraquí, el chií Nurei al Maliki, quien había dicho previamente que existe un calendario para la transferencia, a partir de junio próximo, de las tareas de seguridad en Irak a las fuerzas de seguridad iraquíes. «Lo importante son las circunstancias sobre el terreno, y no las fechas», aseguró Blair. Maliki había dicho que a finales de este año las fuerzas multinacionales habrán transferido a las iraquíes las tareas de seguridad en el resto del país, excepto en Bagdad y en la provincia de Al Anbar, fronteriza con Siria y feudo de la insurgencia suní. En concreto, aseguró que en junio próximo el Ejército y la Policía iraquíes se encargarán de la seguridad en las provincia de Samawa y Amara, en el sur y sureste del país, y cuyos habitantes son en su mayoría chiíes. Blair consideró «importante tener un calendario», pero insistió en la necesidad de acelerar la formación del Ejército y de la Policía de Irak para que sean capaces de proteger la seguridad. Tanto él como Maliki coincidieron en que, pese a las crecientes acciones de violencia, la situación en este país árabe es mucho mejor que durante la «época de la dictadura» de Sadam Huseín, cuyo régimen fue derrocado en 2003. «Los iraquíes tienen ahora un gobierno democráticamente elegido», dijo el jefe del Gobierno británico, y elogió que en el nuevo Gobierno estén representados los chiíes, los suníes y los kurdos iraquíes. Maliki rechazó que Irak esté viviendo una guerra civil, y responsabilizó de la violencia a «bandas de terroristas y criminales». Reafirmó que su Ejecutivo actuará para desarmar a las milicias de los diferentes grupos políticos, ya que «las ar mas tienen que estar en manos del Gobierno» para evitar el riesgo de un conflicto confesional.