Los agentes de la CIA planificaron varios secuestros desde Mallorca

España y otros trece países europeos toleraron que la CIA utilizara su territorio y su espacio aéreo para tejer con casi total impunidad una tupida red de secuestro y transporte de prisioneros que permitió a Estados Unidos capturar extrajudicialmente a cientos de ciudadanos de varios países y trasladarlos luego a centros de detención de todo el mundo, desde Guantánamo a Afganistán, en donde se los sometió a torturas y tratos vejatorios. Esa es la tesis que sostiene el fiscal suizo Dick Marty, a quien la Asamblea del Consejo de Europa ha encargado elaborar un informe sobre la responsabilidad de los gobiernos del continente en la trama de vuelos clandestinos y cárceles secretas ideada por la CIA para luchar contra el terrorismo islámico. Ese informe, que Marty presentó ayer en París, asegura que el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, habría sido un punto de escala habitual en esos vuelos y el lugar físico en el que se planearon y ultimaron los detalles de muchos de los secuestros. En concreto, Marty califica a Mallorca como un «punto B» de la red, es decir un lugar de reorganización habitual de los equipos de la CIA en el que los agentes se reunían con frecuencia para descansar y para diseñar las estrategias de secuestro que posteriormente llevaban a cabo en otros países. De hecho, el fiscal dice disponer de documentación que demuestra que un vuelo chárter, con clave N313P y en el que viajaban prisioneros, aterrizó sucesivamente en Timisoara (Rumanía), Rabat (Marruecos) y Skopie (Macedonia), y llegó luego a Palma con algunos pasajeros a bordo que se cree eran agentes de la CIA. Según la investigación, portaban identidades falsas pero pasaportes diplomáticos legales expedidos por el Gobierno estadounidense. Ese equipo, según Marty, pernoctó dos noches en Palma antes de volar a Estados Unidos. El fiscal trabaja para el Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa, institución de la que forman parte cuarenta países y que fue creada tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente. No tiene nada que ver con la Unión Europea, pero ésta sí exige a los candidatos a la adhesión que se integren en ella. Sin pruebas definitivas Aunque reconoció que no dispone de pruebas definitivas para certificar sus acusaciones, Marty revela en su informe que, además de España, las autoridades de hasta una veintena de países colaboraron activamente o toleraron pasivamente las actividades ilegales de la CIA. Además de a España, acusa a otros nueve socios de la UE (Polonia, Rumanía, Alemania, Chipre, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia y Suecia), así como a Rumanía, que prevé ser socio de pleno derecho a partir del 2007, y a otros países que también aspiran a la adhesión como Turquía y Bosnia. La ex República yugoslava de Macedonia y Azerbaiyán también están incluidas en el listado. Friso Roscam, portavoz del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, el italiano Franco Frattini, eludió ayer valorar el informe alegando que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea del Consejo de Europa, y que hacerlo sería faltar al respeto al Parlamento Europeo, que está preparando su propio dictamen.