El Supremo de EE.UU. invalida los tribunales militares de Guantánamo

En un durísimo revés para George W. Bush, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó ayer que el presidente extralimitó sus poderes al ordenar que los detenidos en Guantánamo fueran juzgados por tribunales militares especiales, considerando que dichos juicios son ilegales. Los magistrados no dicen nada sobre el casi medio millar de presos que siguen allí confinados ni el futuro de la base naval. Por cinco votos contra tres, el Supremo indicó que dichos tribunales violan las leyes militares nacionales así como la Convención de Ginebra, al no otorgar a los acusados las garantías judiciales mínimas. Añadió que «la concentración de poder (en el Ejecutivo) pone la libertad personal en peligro de acciones arbitrarias» y recuerda que el Congreso «no le dio un cheque en blanco» a Bush cuando le otorgó poderes especiales para luchar contra el terrorismo una semana después de los atentados del 11-S. Por su parte, Clarence Thomas, uno de los jueces que votó en contra, señaló que el fallo «daña la capacidad del presidente para derrotar a un nuevo y mortal enemigo». Los tribunales especiales se establecieron en junio del 2004 y hasta ahora había 10 «combatientes enemigos» a la espera de este tipo de juicios, que ahora deberán ser anulados. Según su diseño, los acusados apenas tenían derechos. Por ejemplo, no podían tener acce-so a las pruebas confidenciales en su contra. Reacciones Nada más conocer el fallo, Bush señaló a la prensa que consultará con el Congreso para intentar obtener la autorización requerida. La Casa Blanca y el Pentágono eludieron pronunciarse más allá hasta no haber leído en detalle la sentencia. La decisión del Supremo, la máxima instancia judicial del país, se adoptó como resultado de la revisión del caso «Hamdan contra Rumsfeld». Su protagonista, Salim Ahmed Hamdan, un yemení que trabajó como guardaespaldas y chófer de Osama bin Laden y estuvo cuatro años detenido en Guantánamo, fue acusado de conspiración. Sus abogados llevaron el caso hasta el Supremo por considerar que los juicios especiales, al margen de la justicia ordinaria, eran ilegales. «Lo único que queríamos era un juicio justo», señaló pletórico ayer uno de sus abogados del acusado. La sentencia suscita otras cuestiones sobre el estatus legal de los casi 450 presos que todavía se encuentran cumpliendo condena en Guantánamo, aunque no dice nada sobre si la prisión debería cerrarse, como la amplia mayoría de la comunidad internacional ha pedido. Días atrás, y a la espera de este fallo, Harry Harris, responsable de la base naval, señalaba que «si el fallo es en nuestra contra, no veo cómo nos va a afectar, el impacto sería mínimo». En este punto, Bush dijo que la decisión «no pondrá a los asesinos en la calle».