Prodi saca un decreto urgente para evitar el uso de grabaciones ilegales

El escándalo del espionaje ilegal destapado en Italia es de tales dimensiones que el Gobierno se ha visto obligado a reaccionar y, en 48 horas, ha aprobado un decreto de emergencia para atajar el posible uso de las conversaciones grabadas en diez años por la banda desmantelada. Según la Fiscalía de Milán, la red dirigida por Giuliano Tavaroli, ex jefe de seguridad de Telecom, principal compañía telefónica italiana, ha espiado por encargo de clientes aún desconocidos a miles de políticos, financieros, famosos y simples ciudadanos. El decreto, que entra en vigor hoy, intenta «frenar una ola de chantajes» y evitar que «la podredumbre nos inunde», en palabras del primer ministro, Romano Prodi. Impone penas severas por la posesión de las grabaciones -hasta cuatro años de cárcel-, por su publicación, ordena su destrucción y prohíbe el uso en procesos. El decreto ha contado con el consenso de la oposición, cosa absolutamente excepcional. Tavaroli fue interrogado ayer y se esperan nuevos capítulos de sorpresas. La verdad es que la existencia de esta banda, al menos 21 personas que fueron detenidas el miércoles, se sospechaba hace tiempo y su ponzoñoso material ya forma parte de la vida pública italiana desde hace más de un año.