Se trata de una trama de acusaciones falsas con el supuesto objetivo de desprestigiar a Sarkozy
Villepin comparece como testigo ante los jueces del caso Clearstream
Es la primera vez que la justicia francesa cita a declarar a un jefe de Gobierno
Momento en el que Dominique de Villepin llega al Tribunal de Gran Instancia de París
El primer ministro francés, Dominique de Villepin, compareció ayer como testigo ante los jueces encargados de la instrucción del caso Clearstream, una trama de acusaciones falsas supuestamente dirigida a desprestigiar a su rival político Nicolas Sarkozy, y a otras personalidades. Nunca antes, la justicia francesa había citado a declarar a un jefe de Gobierno en una investigación judicial en curso. La audición excepcional de Villepin fue autorizada el pasado día 6 por el Consejo de Ministros y comenzó a las 9.00 locales (8.00 GMT). Continuó poco después de las 15.00 locales (14.00 GMT), tras una pausa de aproximadamente una hora, que Villepin aprovechó para regresar a Matignon (sede del Ejecutivo) para pasar revista, según su entorno, a los asuntos de gobierno con su jefe de gabinete, Bruno Le Maire. Villepin no ha delegado sus funciones, y, por ello, se le ha reservado un despacho en el Tribunal de Gran Instancia de París para que pueda trabajar, si fuese necesario. Cuando fue convocada a mediados de noviembre pasado, la ministra de Defensa, Michele Alliot-Marie, estuvo más de once horas ante los magistrados Jean-Marie d'Huy y Henri Pons. También fue maratoniana la comparecencia en octubre del antecesor de Villepin en Matignon, Jean-Pierre Rafarin. Villepin ha desmentido siempre cualquier implicación en esta trama de acusaciones infundadas de corrupción contra políticos y empresarios, incluido Sarkozy, que es parte civil en este caso. Sarkozy, postulante conservador a las elecciones presidenciales de la próxima primavera, compareció en marzo ante los jueces d'Huy y Pons, que instruyen también los sumarios sobre Rhodia y Vivendi, pero que desde hace meses se dedican casi exclusivamente a este sumario. El caso arrancó en 2004 con el envío a la justicia de listados falsificados de cuentas bancarias de la sociedad luxemburguesa Clearstream para acusar a Sarkozy y otros políticos, empresarios e industriales de haberse beneficiado de comisiones ilegales en la venta de fragatas a Taiwán en 1991.