Los primeros beneficiarios serán los amenazados de expulsión del propio país
Francia se prepara para entregar por ley unas viviendas dignas
El objetivo es equiparar el derecho al hogar a los de educación y de sanidad Análisis: Med
Con la urgencia que exige el final de la legislatura, el Gobierno francés dio ayer luz verde a un proyecto de ley que proclama el derecho de los ciudadanos a recurrir a la justicia para obtener una vivienda digna. El texto quiere dar respuesta a la movilización de los llamados Hijos de Don Quijote, que durante más de un mes han ocupado con tiendas de campaña las calles de las principales ciudades de Francia para hacer visibles a los sin techo. Serán ellos, los amenazados de expulsión y quienes habiten en lugares insalubres y tengan niños a su cargo los primeros en poder exigir sus derechos ante los tribunales a partir de diciembre del 2008. Cuatro años después, una vez cubiertas las necesidades de los casos más desesperados, todos los ciudadanos que tengan problemas para encontrar una vivienda podrán acogerse a la nueva ley. Una comisión evaluará en cada departamento la urgencia de las solicitudes y controlará que no se produzcan abusos. Según el ministro de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, la ley será «un arma de disuasión» que, sin embargo, permitirá al mismo tiempo elevar el derecho a la vivienda «al mismo nivel que el derecho a la educación y a la sanidad». La Fundación del Abad Pierre, dedicada a la ayuda de los indigentes, calcula que unos tres millones de franceses podrían hacer valer su derecho a una vivienda digna ante los tribunales. Las asociaciones humanitarias sostienen que 100.000 personas duermen en las calles, aunque la cifra oficial las reduce a 14.600. En un proyecto de ley El proyecto de ley, anunciado por Jacques Chirac en su mensaje de fin de año a los franceses y confirmado por el primer ministro, Dominique de Villepin, tres días después, llegará al Parlamento antes de la primera vuelta de las presidenciales del 21 de abril. En la reunión de ayer, Chirac instó al Gobierno a cumplir el objetivo de construir 120.000 viviendas sociales al año. Para los socialistas, esto no es suficiente. Exigen un plan de construcción masivo que permita «hacer efectiva la ley» y se preguntan por qué tanta precipitación a tres meses de las elecciones después de haber rechazado todas las iniciativas presentadas por la izquierda en esta misma dirección. La última, en abril, fue calificada por el Ejecutivo de «prematura e irrealista.