El presidente de la petrolera estatal boliviana, Juan Carlos Ortiz, renunció ayer inesperadamente a su cargo a pocos días de que entren en vigor los nuevos contratos firmados con las compañías extranjeras por la nacionalización de los hidrocarburos. Ortiz anunció su salida de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una rueda de prensa ofrecida horas después de haber negado los rumores sobre su renuncia, tras una reunión con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas. Al confirmar que envió una carta al presidente, Evo Morales, para comunicarle su dimisión, el ejecutivo señaló las tres razones que le han inducido a abandonar el cargo al que ascendió el 28 de agosto del año pasado. Dijo que el principal motivo era que no tolera que su nombre y su gestión sean manoseados por desconocidos que
en su contra y, además, que no iba a permitir que el país viva «otro momento delicado> como el que precedió a su propio nombramiento. Añadió que se va porque tiene «una visión de lo que debe ser la empresa (petrolera estatal) que no necesariamente he logrado que sea plenamente comprendida» en el gobierno del presidente Morales. Ortiz sostuvo que mantiene «firmes» sus convicciones, «entre ellas» las que tengo acerca de la política, del rol del Estado en la economía y, particularmente, del rol del Estado en el sector petrolero> boliviano. El funcionario fue uno de los principales responsables de la negociación del gobierno boliviano con las multinacionales petroleras para renovar los contratos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos en el país, como lo ordenó el decreto presidencial de nacionalización del sector dictado el 1 de mayo de 2006. Ortiz reemplazó el 28 de agosto del año pasado al socialista Jorge Alvarado, quien dimitió en medio de un escándalo por supuestas irregularidades cometidas en la firma de un contrato para exportar crudo a Brasil. Los últimos días de octubre pasado, el presidente Morales aplaudió a Ortiz cuando éste firmó con los representantes de una docena de multinacionales, entre ellas la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF, los nuevos contratos que imponen el monopolio boliviano de la cadena de hidrocarburos a través de YPFB. Esos acuerdos, 44 en total, están en su fase de protocolización ante la Notaría de Gobierno, que los ha recibido esta semana y ha prometido registrarlos hasta el miércoles próximo, fecha en la que entrarán en vigor plenamente. Tras la reunión entre Ortiz y el ministro Villegas, fuentes oficiales informaron de que el Ministerio de Hidrocarburos ha finalizado la auditoría a cinco de las trasnacionales petroleras que operan en Bolivia y anticiparon que los resultados de las demás se conocerán la próxima semana. La revisión de los estados financieros de estas empresas fue ordenada por el gobierno boliviano para verificar el cumplimiento de la inversión comprometida hace diez años, cuando compraron la mitad de diversos sectores en los que fue dividida la empresa YPFB por las autoridades de entonces. El gobierno de Morales ha manifestado reiteradamente su creencia en que las trasnacionales burlaron la fe del estado boliviano y no realizaron las inversiones prometidas al privatizar parcialmente las dependencias petroleras. Para consolidar la nacionalización impulsada por el presidente, aún queda pendiente que el Estado asuma el control mayoritario de las acciones de tres empresas mixtas y dos privadas, centre ellas Petrobras, Repsol YPF y la anglo-holandesa Shell.
