El juicio a un líder congoleño en Holanda marca el final de la impunidad en África

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de acusar formalmente a un presunto criminal congoleño en su primer juicio podría sacudir la cultura de la impunidad en África, obligando a los líderes del continente a pensar dos veces antes de cometer atrocidades. La CPI confirmó ayer que procesará al dirigente rebelde Thomas Lubanga Dyilo por utilizar a niños soldado en la región noreste de Ituri durante la guerra en la República Democrática del Congo. La decisión da luz verde al inicio del primer juicio de la corte desde su implantación en el 2002. El fallo sentará un precedente fundamental en la legislación internacional. «Muchos líderes africanos son conscientes de lo que la CPI podría hacer a partir de ahora. Frenará a algunos antes de cometer actos horrendos», afirmó Wafula Okumu, jefe del programa de análisis de seguridad en el Instituto de Estudios de Seguridad en Sudáfrica. Hasta ahora, algunos de los dirigentes más violentos del continente han hallado asilo en países vecinos, lejos de cualquier forma de justicia. Por ejemplo, el ex dictador etíope Mengistu Haile Mariam, quien fue juzgado en ausencia por los crímenes de guerra que cometió durante su reinado, vive tranquilo en Zimbabue. Senegal dio asilo al ex represor de Chad Hissene Habre y su destino legal se decidirá esta semana en una cumbre de la Unión Africana. Caso Taylor Sin embargo, el liberiano Charles Taylor, que estuvo protegido por Nigeria, será enjuiciado por un tribunal mixto por los crímenes cometidos en su país y en Sierra Leona. «Fue alcanzado por el largo brazo de la ley internacional», comentó Okumu.En el caso de Lubanga, hay activistas que pedían cargos más graves. «¿Por qué no se le acusó de asesinato?», pregunta Anneke Van Woudenberg, de Human Rights Watch.Por ahora, una corte africana de derechos humanos es un proyecto imposible. «La mejor alternativa es permitir que una corte criminal internacional haga su trabajo», dice Okumu. La CPI, que se puso en marcha en julio de 2002, funciona bajo la jurisdicción que le otorga el Estatuto de Roma, que en estos momentos está ratificado por 101 países. Esta instancia tiene un carácter permanente y se creó para juzgar a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido el genocidio.