Uribe autoriza a que las familias de los secuestradosnegociencon las FARC Alan García cierra su primera crisis de Gobierno con la renuncia de la ministra acusada de corrupción Protestas contra la decisión cubana de expulsar de la isla, al menos, a tres pe

El presidente Álvaro Uribe cambió ayer de postura y autorizó a los familiares de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a tener un contacto directo con la guerrilla de cara a la liberación de los rehenes. El anuncio se hizo sólo dos día después de que las FARC rechazaran al Gobierno como «interlocutor válido» para hablar de un acuerdo humanitario de intercambio de rehenes, ante el escándalo de parlamentarios aliados de Uribe detenidos por nexos con paramilitares. La semana que termina ha sido movida respecto al acuerdo por el que se intercambiaría a 57 soldados y políticos secuestrados por unos 500 guerrilleros que están presos. El jueves, víspera del quinto aniversario del secuestro de la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt y su correligionaria Clara Rojas, el presidente Uribe aseguró que un emisario enviado del Gobierno había vuelto de reunirse con las FARC y que éstas reiteraban su exigencia de desmilitarizar unos 180 kilómetros cuadrados al suroeste del país, cerca de Cali, para sentarse a negociar. La respuesta del presidente fue contundente: «El Gobierno no puede aceptar esto». Acto seguido expresó que la única manera de enfrentar a la guerrilla es militarmente. El anuncio cayó como un jarro de agua fría sobre las 57 familias que llevan demasiado tiempo esperando, algunas más de diez años, un encuentro entre el Gobierno y la guerrilla que les devuelva a sus seres queridos. Pero a última hora del viernes, el Gobierno colombiano expidió un comunicado diciendo que el presidente autorizó a los familiares de las personas secuestradas a buscar un contacto directo con las FARC. Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, explicó a este periódico que ella no necesita autorización para acercarse a las FARC. «El presidente nos quiere echar la responsabilidad a los familiares, si nosotros no tenemos autoridad para hacer el acuerdo», afirma. Las FARC anunciaron a través de Iván Márquez, uno de sus comandantes, que «la vía del canje sigue abierta», pero exige la desmilitarización mencionada por el presidente y lo culpa de la situación: «Sólo su obstinación los mantiene en cautiverio». En diciembre del 2005, Uribe accedió a las condiciones de las FARC y cuando en octubre el acuerdo parecía más cercano que nunca, el mandatario rompió los acercamientos tras un atentado con coche bomba en la Escuela Militar. Iván Márquez aseguró además que Betancourt está en Colombia, puntualizando a Uribe, quien dijo que corría el rumor de que había sido sacada del país. El presidente de Perú, Alan García, aceptó ayer la renuncia de la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, cuestionada por presuntas irregularidades en su gestión, con lo cual cerró la primera crisis de su Gobierno de siete meses. Sin embargo, los analistas coinciden en que le llevó demasiado tiempo decidir la salida de una de sus mi-nistras más cuestionadas en los últimos días por el temor a reconocer un acto de supuesta corrupción en su administración. La designación de Mazzetti en el difícil departamento del Interior le costó una ola de críticas por el fantasma de la corrupción que acosa a ese sector, al que pertenece la Policía Nacional del Perú. La propia Mazzetti horas antes de poner su cargo a disposición del mandatario dijo que «hay corrupción en la Policía, el Poder judicial y la prensa», al justificar el escándalo provocado por los presuntos manejos en la compra de vehículos para las fuerzas policiales. La prensa destapó hace varias semanas la compra de 469 camionetas para la Policía a una empresa por un precio considerado unitario considerado muy alto para una adquisición pública. El Congreso peruano abrió una investigación contra la ministra y preparaba su interpelación, cuando se confirmó que Mazzetti destituyó a los funcionarios que estuvieron a cargo de la compra y que Gildemeister también suspendió a los gerentes que intervinieron. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) protestó ayer contra la decisión de las autoridades cubanas de retirar sus acreditaciones a dos corresponsales extranjeros y su negativa a dar un visado a un tercero. El pasado día 22, Cuba declaró «persona non grata» a César González-Calero, corresponsal español del diario mexicano El Universal, y al estadounidense Gary Marx, del Chicago Tribune, y el viernes denegó un visado al corresponsal de la BBC Stephen Gibbs. «Cuando las autoridades (de Cuba) no reprimen a los periodistas cubanos independientes, se dedican a atacar a los corresponsales extranjeros. Está muy clara la razón de estas expulsiones: al régimen cubano le cuesta mucho entender que la prensa no es un instrumento de propaganda», afirmó la organización. Agregó que el régimen cubano «debe saber que la prensa extranjera, como tampoco la prensa de la isla, no está allí para gustar al Gobierno». A Marx, corresponsal en Cuba desde el 2002 y uno de los pocos periodistas estadounidenses permanentes en La habana, le han retirado la acreditación porque sus artículos eran «demasiado negativos», dice RSF. A González-Calero, residente en Cuba desde el 2003, le han retirado la acreditación porque su forma de abordar la situación cubana «no era la más agradable para el Gobierno cubano», Las autoridades cubanas le han ordenado que no vuelva a escri-bir, a partir del 28 de febrero. SECUESTRADOS Algunos están retenidos desde hace ocho años, y cada año se llevan a cabo alrededor de 1.200 secuestros nuevos.