Bush respira al no pronunciarse el Supremo acerca de Guantánamo

Con el Congreso en manos demócratas y asfixiado por su baja popularidad entre los estadounidenses, cada vez más hartos de la guerra en Irak, George W. Bush tomó ayer un poco de aire fresco después de que el Tribunal Supremo rechazara pronunciarse sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a ser juzgados ante tribunales federales estadounidenses. Con este fallo, Bush se apunta una importante victoria -si bien podría ser solamente temporal- que respalda uno de los pilares de su estrategia legal dentro de su campaña de lucha contra el terrorismo. A pesar de que en dos ocasiones anteriores el Tribunal Supremo se pronunció a favor de extender los derechos legales y garantías procesales a los detenidos en Guantánamo, esta vez decidió inhibirse ante el recurso presentado por sus abogados. Ninguno de los casi 400 sospechosos de terrorismo allí retenidos ha comparecido todavía ante la justicia ordinaria -debido a las limitaciones judiciales diseñadas por la Casa Blanca tras darles el estatus de «combatiente enemigo»- y sólo una decena han sido acusados de algún delito. Los prisioneros exigen que puedan acogerse al hábeas corpus contemplado en la Constitución -y que protege de la detención ilegal- ya que, independientemente de donde estén detenidos argumentan que tienen derecho a defender su caso ante la justicia ordinaria, y no ante los tribunales militares especiales celebrados en Guantánamo. «Estamos decepcionados y para nosotros esto supone un retraso que es insostenible», señaló Michael Ratner, presidentedel Centro para los Derechos Constitucionales. «Esto representa un año más de espera», añadió. Votos contrarios Tres de los nueve magistrados se mostraron en contra del fallo. «Creo que estas cuestiones merecen la atención inmediata por parte de esta corte, lo que evitaría un año o más de cárcel», dijo uno de ellos, Stephen Breyer. Otros dos jueces señalaron que el hecho de no pronunciarse ahora sobre el caso no significa que no lo vayan a hacer más tarde. La decisión del Supremo choca con las dos sentencias anteriores, en el 2004 y el 2006, en las que indicó que los detenidos en la base norteamericana en suelo cubano, inaugurada tras los atentados del 11-S del 2001, sí tenían derecho a acceder a la justicia ordinaria de Estados Unidos a pesar de su condición de extranjeros. En sendas ocasiones, la Casa Blanca revisó su forma de actuar maquillando legalmente los procedimientos.