Cuarenta años para los asesinosdel primer ministro serbioLa dimisión del ministro de Energíapor corrupción, serio revés paraLula

Los tres años y medio de juicio por el asesinato del primer ministro serbio Zoran Djindjic, considerado el «proceso del siglo» en Serbia, concluyó al condenar el Tribunal de Belgrado a penas de cárcel de 40 años a los dos principales acusados, ex jefes de una unidad especial de comandos. Los condenados a esas penas máximas según la ley serbia son el organizador del magnicidio, el ex comandante de la ahora disuelta Unidad de Operaciones Especiales (JSO) de la Policía, Milorad Ulemek, alias Legija («Legión»), y su autor material, Zvezdan Jovanovic, subcomandante de la unidad. De los otros diez acusados en este caso, que también fueron declarados culpables, uno fue condenado a 8 años de cárcel y los diez restantes a penas de 30 y 35 años. Djindjic, el jefe del primer gobierno reformista tras los cambios democráticos en Serbia del 2000 y la caída del autoritario Slobodan Milosevic, fue asesinado el 12 de marzo del 2003 por un francotirador, que le disparó un tiro en el tórax cuando entraba en el edificio sede del Gobierno, en el centro de Belgrado. «Ese no fue un asesinato ordinario, sino político, que tuvo como objetivo desestabilizar el país», declaró la presidenta del Consejo Judicial, Nata Mesarevic, al explicar la sentencia. La magistrada recordó que Jovanovic reconoció su culpa durante el interrogatorio policial previo al juicio cuando aseguró que cometió el magnicidio instado por Ulemek para impedir extradiciones al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, que juzga los crímenes de guerra en esa región. El ministro de Minas y Energía brasileño Silas Rondeau dimitió, dos días después de que fuese señalado por la Policía Federal como sospechoso de recibir comisiones de una empresa implicada en graves fraudes contra el Estado. Ante las sospechas policiales, Rondeau decidió apartarse del cargo que ocupaba desde junio del 2005, cuando llegó al gobierno en medio de otro escándalo de corrupción que obligó al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a una profunda reforma de su gabinete. La delicada situación de Rondeau tuvo casi paralizado hoy al gobierno y Lula incluso convocó a sus principales ministros del área política para analizar el caso, el más grave surgido desde que comenzó su segundo mandato, el pasado 1 de enero. Fuentes políticas han asegurado que dos de los «padrinos» de Rondeau, el ex jefe de Estado José Sarney y el presidente del Senado, Renan Calheiros, consideraron la situación del ministro «insostenible» y le aconsejaron dimitir. El propio Sarney anunció la dimisión, que consideró «correcta, pues (Rondeau) tiene el deber de dejar al gobierno en una situación confortable», dijo. Rondeau no había sido visto en público desde que el lunes, en el marco de una visita oficial de Lula a Paraguay, negó desde ese país su presunta responsabilidad y afirmó que, si es necesario, probará su inocencia ante la justicia. Según fuentes oficiales, en la reunión convocada por Lula participaron los ministros de Justicia, Tarso Genro; Presidencia, Relaciones Institucionales, Secretaría, Comunicación y Planificación. Genro explicó las sospechas de la Policía Federal, que cayeron como un balde de agua fría en los sectores políticos vinculados al gobierno de Lula, que ya pasó por gravísimos escándalos en el 2005, que entonces le costaron los cargos a varios ministros. Tras esa reunión, Lula recibió a Rondeau dos veces. La primera reunión fue interrumpida tras unos 50 minutos. Cuatro horas después se encontraron nuevamente y se aceptó la salida del ministro, que ya había sido pedida por partidos de la coalición de gobierno. El presidente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Ricardo Berzoini, fue uno de los más claros y dijo sin tapujos que el ministro no podía seguir en el cargo.