La muerte de 11 diputados a manosde las FARC conmocionaColombia Abogados, filósofos y un músico entre los muertos Secuestrados, a plena luz del día en la sede, un once de abril del 2002

El anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la muerte de once de los doce diputados regionales colombianos que mantenía secuestrados desde 2002 conmocionó a las familias de los rehenes y a todo el país. Angustiadas, las familias de estos diputados de la Asamblea departamental del Valle del Cauca (oeste), han pedido a esa guerrilla que confirme o desmienta lo anunciado por la agencia ANNCOL, con sede en Estocolmo y que normalmente difunde los comunicados de las FARC. La jefatura regional de las FARC informó , en un comunicado divulgado por internet, de que los políticos perdieron la vida en un «fuego cruzado» con «un grupo militar sin identificar», el pasado día 18, y sólo el diputado Sigifredo López, sobrevivió, al no encontrarse con sus compañeros de cautiverio. En Bogotá, el comandante general de las Fuerzas Militares (Fuerzas Armadas), Freddy Padilla, negó en un comunicado que se hubieran ordenado «operaciones militares de rescate». Padilla afirmó que la «inteligencia militar no ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio de los señores diputados del Valle secuestrados por las FARC; por lo tanto, no se ha ordenado adelantar operaciones militares de rescate». Los diputados regionales fueron integrados al grupo de 56 rehenes que las FARC pretenden canjear por más de medio millar de rebeldes presos y entre los cuales está Íngrid Betancourt, que era candidata presidencial en 2002 cuando fue secuestrada junto con Clara Rojas, aspirante a la vicepresidencia en su candidatura. La portavoz Perdomo recordó que durante el cautiverio de los diputados han recibido siete pruebas de supervivencia, la última el pasado 21 de abril. Por su parte, Patricia Nieto, esposa de Sigifredo López, según la guerrilla el único superviviente, declaró a la prensa que «todos» los familiares, reunidos en la casa de Perdomo, «estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento de las FARC». Para Sergio Pérez, hijo de Edinson Pérez, el anuncio ha sido «un golpe supremamente duro» y recordó que todos los familiares de los secuestrados le han «suplicado constantemente al Gobierno» que no emprendiese un rescate militar. Pidió por ello a las FARC y al Gobierno que reflexionen y que abandonen sus «posiciones tan intransigentes, para no hacer correr más riesgos» y «no se sigan produciendo estos crímenes atroces». «El Gobierno debería autorizar la desmilitarización» de los municipios de Florida y Pradera, en ese departamento, medida a la que se niega en rotundo el presidente Álvaro Uribe, dijo. Para emprender negociaciones de canje la guerrilla exige la retirada de las fuerzas de seguridad de esas dos localidades. Un gesto humanitario Pérez agregó que «las FARC, ahora más que nunca, deberían hacer un gesto humanitario» tras la liberación de casi dos centenares de guerrilleros ordenada por Uribe el mes pasado, como gesto para favorecer el intercambio. Por su parte, Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, en manos de la guerrilla desde febrero de 2002, lamentó en declaraciones hechas desde Bruselas, donde se encuentra con otros familiares de secuestrados, que, a su juicio, el Gobierno no atendiera sus muchas peticiones de no intentar el rescate militar. Sollozando, Pulecio reiteró que «le hemos suplicado en numerosas ocasiones (a Uribe) que no haga operativos militares, pero no nos ha hecho caso». Ante el anuncio de las FARC, el gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, declaró que «de confirmarse», pide «a las FARC que digan dónde están los cadáveres y los entreguen inmediatamente a una comisión formada por la Cruz Roja y la Iglesia Católica». Garzón expresó su esperanza de que «la entrega de los cuerpos no se convierta en una nueva tragedia», a la vez que «reafirmo que seguimos trabajando por un acuerdo humanitario». En Bogotá, la presidenta de la organización no gubernamental Asfamipaz, que representa a los familiares de centenares de militares y policías también secuestrados por las FARC, Marleny Orjuela, declaró a Efe que «en concepto nuestro, dudas no hay muchas al leer el comunicado» y «creemos que es cierto». Cinco abogados, un filósofo y un músico figuran entre los doce diputados de la Asamblea departamental del Valle del Cauca secuestrados por las FARC en 2002, once de los cuales murieron el día 18 pasado en un fuego cruzado, según anunció la guerrilla. Por otra parte, Amnistia Internacional pidió a los grupos guerrilleros colombianos FARC y el ELN que liberen «de forma inmediata e incondicional» a todos sus rehenes. La organización pro derechos humanos recordó que «La retención de rehenes es una violación flagrante de la normativa humanitaria internacional que puede constituir un crimen de guerra», Los doce diputados de los que once murieron habían sido secuestrados en su propia sede y a plena luz del día el 11 de abril de 2002. Los legisladores regionales fueron hechos cautivos por el comando «Arturo Ruiz» cuyos miembros vestían uniformes militares y entraron en la sede de la Asamblea con perros, supuestamente para buscar explosivos, y dijeron a los legisladores que había bombas en el edificio. Con los políticos y algunos funcionarios, los guerrilleros abandonaron la sede legislativa, pero antes se encontraron con algunos policías, uno de los cuales recibió un disparo que le causó la muerte. Los doce políticos y cinco rehenes más, que posteriormente dejaron en libertad, fueron engañados y obligados a subir a un autobús que salió rápidamente de Cali hacia las montañas. En el mismo autobús, los doce políticos y los funcionarios que luego fueron apeados, según un vídeo grabado por las mismas FARC y hallado años después por las autoridades colombianas, fueron informados de que se trataba de «una retención».