Explotados en horas de cole

En Caosheng, un pequeño pueblo al norte de la provincia de Shanxi, nadie se atreve a hablar ni de niños ni de ladrillos. El mes pasado, el Gobierno chino detuvo en esta región a más de 168 personas implicadas en el escándalo de fábricas ilegales de ladrillos acusadas de explotar a sus trabajadores, entre ellos menores de edad. Uno de los detenidos es Wang Bingbing, hijo del secretario del Partido Comunista de Caosheng y propietario de una de fábrica cercana, donde fueron halladas más de 30 personas traídas de distintas provincias de China y forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud. Su padre, Wang Dongji, está bajo arresto domiciliario y ha sido expulsado del partido. Los habitantes de Caosheng saben que varios niños del pueblo también fueron obligados a trabajar en la fábrica de Wang, pero prefieren no hablar del asunto por miedo a represalias. Son muchas las partes implicadas en este escándalo de trabajos forzados destapado por el Gobierno de Pekín, que ha acabado con la liberación de 591 trabajadores en varias provincias, según el periódico oficial Chinadaily. Sólo el jardinero de la escuela pública rompe el silencio de las calles sin asfaltar de Caosheng: la directora de la escuela, la tía de Wang, obligaba a los alumnos de primaria a trabajar en el horno de su sobrino durante las horas de clase, dice. La fábrica ha sido cerrada, pero ella no ha sido detenida. Los padres de los pequeños afectados se niegan a hablar. En la sociedad china es importante «no perder la cara», la imagen pública. «Las familias sienten vergüenza», comenta una vecina desde la puerta de su casa, al pie de la carretera polvorienta por la que pasan continuamente camiones cargados. La región está llena de empresas de ladrillos de mala calidad, fabricados con piedra caliza y carbón procedente de las canteras cercanas. La tecnología de los hornos es rudimentaria. En una fábrica de Jiexu, cerca de Caoshen, los trabajadores cargan las piezas con las manos o en carros atados a sus espaldas desnudas bajo un calor sofocante. La fábrica tiene 40 empleados y produce 80.000 ladrillos diarios. Once de ellos cuestan un yuan, 10 céntimos de euro. En Caoshen nadie pareció darse cuenta de que sus hijos eran forzados a trabajar en la fábrica de Wang cuando iban a la escuela, ni de que el dueño explotaba a trabajadores traídos de otras provincias. Su colaborador, Heng Tinghan, los reclutaba en las estaciones de tren, donde les prometía trabajo y después los forzaba a servir sin cobrar salario. El caso se descubrió gracias a la investigación iniciada por el Gobierno en mayo, cuando un grupo de 400 padres de la provincia de Henan denunció por Internet que sus hijos desaparecidos podían haber sido vendidos como esclavos a fábricas de ladrillos. Mientras la policía sigue investigando, empiezan los primeros juicios. Wang y Heng son acusados de retener a trabajadores por la fuerza, entre ellos niños y disminuidos, y someterlos a malos tratos. Las víctimas eran vigiladas con perros y sufrían malnutrición. Según Chinadaily, la investigación descubrió que una de las víctimas, Liu Bao, un retrasado mental, murió apaleado en la fábrica en noviembre. Si eso se confirma, los acusados podrían recibir la pena capital.