Sin pruebas, sin procesados

El caso de la supuesta venta de títulos honoríficos a cambio de préstamos al Partido Laborista, terminó ayer sin que ninguna persona fuese procesada. En una declaración, la directora de la División Criminal Especial de la Fiscalía, Carmen Dowd, dijo que tras analizar toda la información entregada por la Policía, llegó a la conclusión de que «no hay pruebas suficientes para imputar cargos contra nadie». De esta manera, Dowd puso fin a una pesquisa que duró dieciséis meses, supuso un coste de unas 800.000 libras -unos 1.184.00 millones de euros-, empañó la imagen del Gobierno y causó un gran escándalo en el tramo final de la Administración de Blair. El antiguo «premier», sospechoso de favorecer a empresarios con títulos nobiliarios a cambio de donaciones o préstamos al Laborismo, fue el primer jefe de Gobierno en ejercicio en la historia británica en ser interrogado hasta tres veces por una presunta venta de títulos, una práctica prohibida por una ley de 1925. En su declaración, Dowd calificó su decisión de «justa y equilibrada». Tras el anuncio de Dowd, Blair admitió en un comunicado divulgado a la prensa que el caso fue «traumático» para muchos, pero insistió en que terminó como él esperaba. Dijo que la Policía hizo bien en llevar adelante una investigación «completa y rigurosa», pero obligada por la denuncia del Partido Nacionalista Escocés (SNP), la formación que aseguró la posible venta de títulos de lores.