El organismo internacional advierte de las «serias repercusiones internacionales» de los hechos
Piden que Chávez sea investigado por el uso de fondospúblicos El Consejo de Seguridad califica como «inaceptable» la situación de Birmania La excarcelación previa al diálogo Bush admite las detenciones de la CIA pero rechaza que se utilice la tortura
El consenso de todos los miembros hizo posible una postura de fuerza frente a la actual Junta Militar
El rector principal del Poder Electoral, Vicente Díaz, informó de que ha pedido abrir una «investigación administrativa» contra el presidente Hugo Chávez por el presunto uso indebido de fondos públicos para promocionar a su nuevo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La «continua» propaganda del PSUV por parte de Chávez en su programa dominical «Aló, Presidente» «configura un cuadro de alteración de los mandatos constitucionales», que prohíben el uso de los recursos del Estado para favorecer a una «parcialidad política». Díaz dijo que solicitó a los otros cuatro rectores del Consejo Nacional Electoral abrir una «investigación administrativa» al jefe del Estado, y que ese punto está incluido en la agenda que el organismo abordará entre domingo y martes . El enviado de la ONU a Birmania, Ibrahim Gambari, dijo ayer viernes que había consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en que el statu quo en Birmania es «inaceptable». En declaraciones a la prensa tras una reunión a puerta cerrada con el Consejo de Seguridad, tras su reciente misión a Birmania, Gambari dijo que había consenso entre los miembros de que el statu quo en esa nación asiática «es inaceptable e insostenible». El diplomático agregó que quizá regresaría a Birmania antes de la fecha prevista de mediados de noviembre. «Todos los miembros del Consejo de Seguridad apoyaron firmemente la misión de mediación y mis propios esfuerzos», destacó Gambari, quien rindió cuentas al Consejo de su viaje de cuatro días a Birmania, donde se reunió con miembros de la junta militar que gobierna el país y con la opositora Aung San Suu Kyi. Los miembros del Consejo estimaron por unanimidad que era «imposible volver a la situación anterior. Hay cuestiones socio-económicas y políticas que deben ser tratadas», precisó Gambari. «Sería útil una nueva visita a Birmania para conservar el impulso que se ha creado, pero su programación es muy importante», dijo a los periodistas. «Podría ser necesario estar en la región para mantener consultas allí», agregó. Gambari dijo haber advertido a los gobernantes militares de Birmania que la represión de las protestas antigubernamentales, que obedecen a «un profundo y extendido descontento» de la población, «puede tener serias repercusiones internacionales». «Ningún país puede permitirse actuar aislado de los estándares a los cuales están sujetos todos los miembros de la comunidad internacional (...). Es por lo tanto esencial para los dirigentes de Birmania reconocer que lo que pasa en Birmania puede tener serias repercusiones internacionales», señaló. Gambari fue enviado a Birmania para intentar persuadir a la junta militar gobernante de que termine con la represión violenta de las manifestaciones, que ha dejado 10 muertos, según el balance oficial, aunque son muchos más según diplomáticos extranjeros, y más de 2.000 detenidos. El enviado especial de la ONU para Birmania (Myanmar), Ibrahim Gambari, advirtió hoy a la Junta Militar que gobierna el país de que debe liberar a todos los presos políticos si quiere iniciar un diálogo con la oposición encabezada por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En su primer informe al Consejo de Seguridad tras visitar el país asiático, Gambari dijo que permanece >confuso< sobre si las autoridades responderán a la solicitud de que liberen a todos los detenidos durante la represión de protestas pacíficas y de iniciar un proceso de reconciliación nacional. No hizo falta preguntarle, George W. Bush quería hablar este viernes de las cárceles secretas de la CIA que estos días han resucitado en las portadas de los periódicos, pero no precisamente para negar su existencia, sólo para rechazar que en ellas se torture. «Cuando encontramos a alguien que puede tener información relacionada con un ataque potencial contra EEUU, pueden apostar a que vamos a detenerle, y pueden apostar a que vamos a interrogarles», admitió espontáneamente desde el despacho legal, Tras unas declaraciones sobre el curso de la economía. «El pueblo americano espera que obtengamos esa información, inteligencia sobre la que podamos actuar para protegerles. Ese es nuestro trabajo». La víspera el diario 'The New York Times' había publicado que las cárceles secretas de la CIA siguen existiendo en ultramar, pese a que desde que Bush admitiese públicamente su existencia en septiembre del año pasado se suponía que habían sido cerradas tras el traslado de los 14 presos que en ellas se encontraban a la base naval de Guantánamo. La agencia Reuters corroboró este viernes esta información con fuentes del gobierno, que emplazan al menos a un miembro de Al Qaeda en uno de estos «agujeros negros» a los que se refería el rotativo neoyorquino. Otro alto funcionario antiterrorista dijo a Reuters que el líder de Al Qaeda Abd al-Baqi fue detenido en Turquía en mayo y entregado a EEUU, lo que confirmaría y ampliaría la colaboración de países europeos con el gobierno americano en estas prácticas que violan los derechos humanos y la legalidad internacional. Sin tortura Un detalle éste con el que Bush no está de acuerdo. Según él, «este gobierno no tortura a la gente», dijo este viernes. «Nos apegamos a la ley de EEUU y a las obligaciones internacionales». No es eso lo que se desprendía de los memorandums internos firmados por el ex fiscal general Alberto Gonzales a los que ha tenido acceso 'The New York Times', y que el Senado lleva meses pidiendo sin éxito. En ellos el hispano que más arriba haya llegado en el gobierno de EEUU autorizaba explícitamente en 2005 el uso de técnicas que fueran «una combinación de dolorosas tácticas físicas y psicológicas». Algo que sin duda entra en conflicto con la definición de tortura. Como también viola la convención de Ginebra detener a prisioneros sin informar a la Cruz Roja y las familias. EEUU sortea esa legalidad al calificarlos de «combatientes enemigos» en vez de prisioneros de guerra.